La corrupción también es un mal del sector privado

En el Perú la corrupción no solo involucra al sector estatal. Los empresarios lo reconocen, pero falta decisión para combatirla

Por: Manuel Marticorena Solís

Puede utilizar el verbo que quiera: “facilitar”, “aceitar” o “aflojar”. También puede intentar minimizarlo con diminutivos como “empujoncito” o “ayudita”. Lo cierto es que si quiere acelerar un trámite acogiéndose a coimas o fraudes, los verbos y diminutivos no sirven para aplacar lo inmoral o ilegal que resultan estas prácticas y lo inmensamente perjudiciales que son para el desarrollo del país.

La corrupción se vive en distintos niveles en el Perú. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, realizada en setiembre del año pasado, indicaba que si bien la población percibía que la mayoría de casos de corrupción venía del sector público: políticos (54%), burócratas (18%), los empresarios peruanos también concentraban un 7% de corrupción; y los empresarios extranjeros un 5% adicional. Sumados ambos, el sector empresarial aglomeraba un 12%, cifra preocupante.

Transparencia Internacional , en un informe del año pasado, indicó que en una escala del 1 al 5 de corrupción, la población percibía que el sector privado calificaba con un nada enorgullecedor 3,5 (por encima de la mitad). Entretanto, en una encuesta de Pro Ética (filial peruana de Transparencia Internacional) del 2008, el público consideró que el 80% de los empresarios tenía responsabilidad en la corrupción del país.

Según Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, si bien el sector público es donde se podría percibir un mayor nivel de corrupción, al otro lado de la ventanilla hay un corruptor que necesita una licencia, agilizar un trámite, lograr una licitación u obtener un permiso.

Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, indica que en realidad lo más alarmante es que el tema siempre se minimiza y se cree que es una forma natural de interacción con el Estado. La corrupción estaría alcanzando aceptación social, pese a ser un hecho condenable. Medina cree que habiendo dos sujetos interactuando en el acto de corrupción se crea un círculo vicioso que cada vez se fortalece más, tanto desde lado público como del privado.

EFECTO ECONÓMICO
En una situación de crecimiento económico —como la que vive el Perú— el número de transacciones del sector privado con el Estado se incrementan considerablemente, hecho que atiza más la hoguera de la corrupción.

Si bien no existen datos oficiales respecto de cuánto es, por ejemplo, el sobrecosto para los empresarios por las exigencias impuestas por los sobornos del sector público, este fácilmente podría variar entre 5% y 20% respecto de los desembolsos hechos en cada proyecto (en cualquier sector), según estimación de Percy Medina.

La variación depende del grado de discrecionalidad que tenga el funcionario que otorga la licencia o decide cómo se desarrollará el trámite.

Portocarrero, por ejemplo, indica que en el caso del sector construcción se requieren muchas licencias y permisos. “Mientras más se demoren los organismos públicos en su otorgamiento, mayor será el incentivo para corromper funcionarios”, señala.

Las pérdidas para el Estado no son pocas. El ex contralor Genaro Matute, por ejemplo, hablaba de US$1.000 millones en pérdidas al año para el fisco.

El Estado realiza aproximadamente 198.000 licitaciones anuales, con un monto por adjudicar promedio de S/.93.743 millones. Y si el Estado compra, hay empresarios que venden.

¿QUÉ HACER?
Jorge Medina, socio principal de Ernst & Young, considera que la corrupción puede traer abajo cualquier sistema y crecimiento económico. Apoyándose en algunos estudios, señala que si el país mejorase un punto en el índice de percepción de corrupción, se incrementaría el PBI en un significativo 4%.

El propio presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, sostiene que este tema es alarmante pero que forma parte de la cultura peruana en la cual los empresarios están inmersos. ¿La solución? “Está en la educación”, señala.

Apuntando a salvaguardar la moral de las empresas que están adscritas a la Confiep, Briceño indica que las 19 organizaciones que la integran están a punto de lanzar un código de ética. ¿Esto es suficiente? Percy Medina, de Transparencia, señala que si bien es positivo, no es suficiente. Considera que son necesarias acciones de transparencia por parte de estas empresas.

Asimismo, se necesita una política de similar corte en el sector público. Rolando Liendo, presidente del Instituto de Investigaciones de Tecnoeconomía, considera que el Estado debe usar mecanismos informáticos para cruzar información entre organismos como la Sunat, Registros Públicos y municipalidades, con la finalidad de que solo las mejores empresas (que tengan capital, sean confiables y remuneren bien a sus empleados) contraten con el Estado. “Cuando una empresa no es competitiva, está más expuesta a la corrupción”, agregó.

Este sistema ya se aplica en Chile y Argentina. En realidad, los especialistas creen que se podrían desarrollar varios métodos, el tema es que los involucrados deben tener voluntad para aplicarlos.

SEPA MÁS
Según Jorge Medina, socio principal de Ernst & Young, un acto de corrupción es el abuso del poder conferido para beneficio propio.

Dicho poder conferido puede estar en el sector público o en el privado.

El Perú es el cuarto país en la percepción de corrupción entre países de Sudamérica.