¿Petro-Perú tiene la solvencia y capacidad financiera para realizar grandes proyectos?

La empresa estatal ha tomado la senda de realizar inversiones, pero expertos sostienen que estas acarrearían mucho riesgo para el Estado

¿Petro-Perú tiene la solvencia y capacidad financiera para realizar grandes proyectos?

Manuel Marticorena/Luis Davelouis Día_1

“A Petro-Perú (PP) se lo ha tenido en el corredor de la muerte”, declaraba su presidente, Humberto Campodónico a pocos días de haber asumido el cargo. El ejecutivo se refería a que gobiernos anteriores preferían liquidar la petrolera estatal antes que reflotarla. Unos meses después, Campodónico empezó a anunciar una serie de proyectos y alianzas dirigidos a convertir a Petro-Perú en un actor importante en el sector. Así, se comprometió con el desarrollo de proyectos millonarios como la construcción del gasoducto sur andino y una planta petroquímica. Hoy la gran pregunta es: ¿tiene Petro-Perú la solvencia y la capacidad financiera para afrontarlos?

Los especialistas indican que la firma no es ni Ecopetrol ni Petrobrás. No explota petróleo, que es la actividad que más réditos deja en el negocio del oro negro. La estatal tiene como únicas fuentes de ingresos la refinación y el transporte de crudo (con el Oleoducto Nor Peruano) habiendo obtenido utilidades de US$120 millones anuales en promedio en los últimos años. ¿De dónde obtendrá el dinero?

LA SOCIEDAD
“Usualmente, para este tipo de proyectos, se recurre al crédito privado”, dijo Gustavo Navarro, gerente del área de Producción y Planeamiento de Petro-Perú, en una conferencia de prensa a inicios de mes.

El gasoducto andino es un proyecto de Kuntur, cuyo accionista principal es Odebrecht, empresa que invitó a la estatal a integrar la sociedad. Según explicaron sus funcionarios, es probable que Petro-Perú asuma el 20% del proyecto que requerirá de una inversión de US$4.000 millones. De este monto, el 80% será financiado vía crédito y 20% con capital propio. En ese sentido, a Petro-Perú le tocará poner US$160 millones de inversión directa.

Lo mismo sucederá con el proyecto petroquímico de US$3.000 millones. El 20% será apalancado por los accionistas, en este caso Petro-Perú y Braskem. Considerando que la participación de la estatal será del 20% en la sociedad, necesitará US$120 millones para iniciar la construcción del proyecto.

Los montos no causarían alarma si es que la empresa no estuviera ya comprometida en un proyecto de US$1.700 millones para modernizar su principal activo, la refinería de Talara, el cual ya lleva ocho años en planos y sigue esperando concretarse. Según funcionarios de la empresa, US$1.360 millones se financiarán vía deuda y la estatal deberá aportar US$340 millones. En total, para estos tres proyectos Petro-Perú requerirá de US$620 millones de capital fresco.

OBLIGACIÓN
Campodónico defiende el proyecto del gasoducto del sur a capa y espada, sobre todo por una razón: la construcción de esta infraestructura permitirá darle seguridad al sistema de energía del país que hoy depende casi al 50% del gasoducto entre Camisea y Lima. Es en ese sentido que el funcionario aceleró las negociaciones con Odebrecht.

La construcción del gasoducto ya tenía incluso la fecha de puesta de la primera piedra: 30 de agosto con la presencia del presidente Ollanta Humala. Para este proyecto Odebrecht habría solicitado a Petro-Perú y al Estado modificar el reglamento de transporte de hidrocarburos, realizar la adenda al contrato de concesión, establecer un contrato de crédito puente entre Cofide y Kuntur por US$1.050 millones y que Petro-Perú se encargue de contratar toda la capacidad del ducto. En suma, la petrolera debía asumir el riesgo total de esta construcción.

Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía, sostiene que si la construcción del gasoducto sur supone un buen negocio ¿Por qué se pide al Estado asumir los mayores riesgos? ¿Por qué Cofide tendría que entregar un crédito puente? ¿Por qué no le interesa a otros agentes del sector privado ingresar a este negocio?

Un funcionario de Petro-Perú, que pidió no ser citado, sugiere que, de ir al ritmo del sector privado, el proyecto demoraría dos o tres años más y se necesitaría asegurar las reservas de gas y tener los contratos de transporte confirmados. Mientras ello se concreta, cualquier contingencia en la ruta del gas entre Lima y Camisea le costaría al país cerca de US$800 millones por día por los apagones.

Además, indica que Petro-Perú está impulsando un pedido del Pleno del Congreso que ha declarado de necesidad pública el proyecto y ha ordenado al Ministerio de Economía proveer los recursos para financiar la parte del proyecto que le corresponde a Petro-Perú.

Los detalles del proyecto le fueron presentados al ministro Luis Miguel Castilla. Al finalizar la presentación, el titular dijo que esperaría los resultados de la evaluación que realiza la Corporación Andina de Fomento (CAF), pues se piensa que los números de Kuntur “están inflados”, nos contó la fuente.

Alonso Segura, gerente de estudios económicos del BCP, coincidió con Secada en que si un proyecto es rentable no debería tener mayores dificultades para conseguir financiamiento privado en el mercado de capitales y, por lo tanto, no debería ser necesario que el Estado intervenga con recursos; más aun cuando en el Perú hay un apetito creciente por instrumentos de inversión de largo plazo en renta fija.

La razonabilidad de la participación del Estado está basada en criterios de economía política más que en fundamentos netamente financieros, lo cual puede justificarse si el beneficio social del proyecto excede al costo de que lo realice el Estado. “Pero hay que ser cuidadosos, pues se entra en terreno ambiguo”, agrega Segura.

“Es que el gas que va a pasar por ese tubo todavía no ha sido encontrado, por eso es que no va a haber nadie dispuesto a financiar el proyecto”, nos dijo otra fuente que no quiso ser citada y agregó “y no habrá el incentivo para que haya gas si no hay demanda y se produce un círculo vicioso; es para saltarse ese bache que el consorcio está pidiendo el crédito puente”.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, señala que no interesa si el proyecto es privado o estatal sino que se haga. “La inversión privada tiene que saber correr el riesgo, hay condiciones a las que se ha comprometido Kuntur, si el Estado garantiza el riesgo vamos a estar en la misma historia de Camisea”, indica.

PETROQUÍMICA
Petro-Perú ha firmado un memorando de entendimiento con Bráskem (de la que Odebrecht es accionista) para el desarrollo de una planta petroquímica de US$3.000 millones. Los funcionarios estatales han indicado que el proyecto apunta hacia el 2018 y, en ese sentido, cualquier inversión orientada hacia este objetivo por parte de la estatal se discutirá más adelante. Para esos años, la firma debería tener más ingresos.

El ex ministro de Energía y Minas, Juan Incháustegui, indica que considerando las cifras actuales, la empresa no reúne las condiciones para asumir grandes riesgos: “no tiene personal, ni infraestructura; debe desarrollar ese conocimiento antes de meterse en más proyectos como el petroquímico”.

El especialista indica que Petro-Perú debería tener recursos propios y ser sujeto de crédito, para lo cual deberá desarrollar algunos aspectos como buen gobierno corporativo y fiscalización interna. “No va a crecer de golpe, no se puede hacer esto de la noche a la mañana”, indica.

Buscamos la versión del presidente de Petro-Perú, Humberto Campodónico y de Odebrecht, pero ambos prefirieron guardar silencio.

Sin embargo, se sabe por anteriores declaraciones que Campodónico considera que la única forma de que la empresa estatal crezca y vuelva a recuperar su participación de hace veinte años es contando con el apoyo decidido del Estado y, por el momento, parece que cuenta con este respaldo, aun cuando ello pueda suponer varios riesgos.