La SIP rechaza cualquier injerencia de gobiernos en los medios de prensa

Informe de libertad de prensa sobre el Perú concluye que las controversias comerciales deben resolverse al margen de intervención estatal

La SIP rechaza cualquier injerencia de gobiernos en los medios de prensa

JAIME CORDERO
Enviado especial

El Perú estuvo en el centro de los debates de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra hasta hoy su Asamblea General 69.

Solo después de un intenso debate quedó aprobado el texto definitivo del informe presentado el domingo por el vicepresidente regional para nuestro país, Marco Zileri.

El reporte plantea varias amenazas al ejercicio de la libertad de expresión en el Perú. Reafirma que en el último semestre las amenazas y agresiones contra periodistas han sido una constante.

“Durante este período el clima de tensión e intolerancia bajo el que la prensa desarrolló su labor informativa no disminuyó, y se han reiterado los casos de agresión física, amenazas de muerte y asedio judicial contra periodistas y medios de comunicación, en represalia por denuncias contra funcionarios públicos, autoridades o el crimen organizado presuntamente comprometidos en actos de corrupción y delincuencia en diversas regiones del país”, señala el informe.

EL CASO EPENSA
No obstante, el tema que desató la polémica fue la presentación en el informe de la reciente adquisición del paquete accionario mayoritario de Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa, propietaria de los diarios “Correo”, “Ojo”, “El Bocón”, entre otros) por el Grupo El Comercio. En su presentación del domingo, Zileri señaló que esta operación había generado preocupación acerca del futuro de la libertad de prensa.

Esta apreciación generó un cruce de opiniones que llevó a la necesidad de replantear el texto. La versión final consigna los detalles de la operación, así como la discrepancia del grupo La República (que también hizo una oferta por Epensa), pero reafirma la disposición de ambas partes para hallar “vías para tratar esta materia, siempre al margen de la intervención gubernamental”.

Inmediatamente después de la lectura de la primera versión del informe, Alejandro Miró Quesada Cisneros, ex presidente de la SIP, ex director de El Comercio y miembro del comité editorial consultivo de este Diario, y Fritz Du Bois, director periodístico de El Comercio, señalaron el riesgo de que la SIP opine que una operación mercantil entre dos empresas de comunicación pueda considerarse una amenaza a la libertad de expresión. Asimismo, advirtieron que semejante precedente puede ser utilizado por gobiernos autoritarios para intentar establecer controles legales a la propiedad de los medios, algo que ya se hizo en otros países.

El caso de Ecuador, emblemático, también fue discutido en esta asamblea, con la conclusión de que la nueva ley orgánica de comunicación impulsada por el presidente Rafael Correa es una mordaza para la prensa independiente.

Por ese motivo, los representantes de El Comercio pidieron que se retire del informe toda mención a un tema que, a su juicio, no tiene relación con la libertad de expresión. Otros miembros de la asamblea, como el ex presidente de la SIP Jack Fuller y Roberto Rock, de “El Universal” de México, apoyaron esta posición.

Luis Agois Banchero, representante de Epensa, detalló que la operación no afecta la línea editorial de los medios de ese grupo, puesto que el acuerdo con El Comercio establece que el manejo editorial de sus diarios quedará en manos de una nueva empresa, propiedad en un 100% de la familia Agois Banchero.

“Si intentan cambiar nuestra línea editorial, yo seré el primero en denunciarlo”, agregó.

En respuesta, Gustavo Mohme Seminario, director de “La República” y segundo vicepresidente de la SIP, señaló que este tema sí compromete a la libertad de prensa e insistió en que la SIP se pronuncie al respecto. A su vez, el presidente del organismo, el ecuatoriano Jaime Mantilla, consideró que al haberse planteado el asunto tenía que ser abordado, por lo que sugirió que el informe vuelva a ser redactado para llegar a una versión de consenso.

Las discusiones –ya en privado entre los representantes de El Comercio, “La República” y la SIP– se prolongaron durante el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Luego de ensayar dos textos, se llegó a una versión final, que fue leída por Zileri y sometida a voto ayer. Hoy, en la última jornada de la Asamblea General, debe sancionarse definitivamente.