El peaje y el derecho al libre tránsito, por Walter Gutiérrez

"Si bien los contratos están protegidos por la Constitución, estos no pueden contravenir derechos fundamentales".

El peaje y el derecho al libre tránsito, por Walter Gutiérrez

(Andina)

Walter Gutiérrez

Con el doble peaje de Puente Piedra en la carretera Panamericana Norte y la ausencia de una vía alterna se afecta el derecho al libre tránsito de 2,5 millones de personas. El contenido del contrato de concesión a favor de la empresa Rutas de Lima y la reacción de algunos funcionarios frente a la evidencia de los hechos revela qué tan poco se comprende el rol de los derechos fundamentales en la función pública.

Nadie discute el carácter vinculante y la protección constitucional de los contratos, menos el rol que cumplen en la actividad económica y la importancia de su respeto para promover las inversiones; pero todos los derechos constitucionales deben coexistir sobre el entendido de que la base y la razón de todos ellos es la persona.

Uno de esos derechos es el libre tránsito, que no es un derecho secundario como parecieran creer algunos. No hay otra explicación para que en el contrato de concesión se haya omitido su preservación y respeto, olvidándose que el libre tránsito no solo permite el desplazamiento de la persona, sino que también facilita el ejercicio de otros derechos como el acceso al trabajo, a la salud, a la alimentación, al descanso y un largo etcétera de derechos.

Se olvida también que el Tribunal Constitucional ha puntualizado que este derecho se ejerce en el libre uso de las vías públicas o de las privadas de uso público, lo que en modo alguno quiere decir que las rutas no se puedan concesionar y que no se cobre un peaje, sino que no se puede limitar irracionalmente o eliminar este derecho.

Como ya se dijo, si bien los contratos están protegidos por la Constitución, estos no pueden contravenir derechos fundamentales. Esto ha sido sancionado expresamente por el TC no como una simple afirmación de dicho tribunal, sino como aplicación directa de un mandato expreso de la propia Constitución que enfáticamente señala la inadmisibilidad del abuso del derecho (art. 103).

Sobre el curso considero pertinente hacer una acotación especial con relación al ejercicio del derecho a la protesta. Este también es un derecho constitucionalmente reconocido, siempre que se ejerza dentro del marco de la ley, sin violentar el derecho a la integridad de las personas, sin afectar el derecho a la tranquilidad y sin atentar contra el derecho a la propiedad. En el preciso momento en que la protesta se torna violenta deja de ser legítima para convertirse en un acto ilegal. Un derecho no se reclama violando derechos.

Estas son las razones por las que la Defensoría del Pueblo interviene en el caso del doble peaje de Puente Piedra, señalando no solo la manifiesta afectación de derechos fundamentales, sino el impacto considerable que genera sobre la vida de millones de personas. Este hecho no puede ser ignorado por ninguna autoridad responsable. Por eso hace bien el presidente de la República al anunciar que se ocupará del tema en coordinación con la Alcaldía de Lima. Una pronta solución que respete el derecho al libre tránsito de la ciudadanía es lo que se requiere en este caso. La Defensoría del Pueblo estará atenta y prestará todo su apoyo para que esto se haga realidad.