El poder de la Defensoría del Pueblo, por Rolando Luque

"Los controles favorecen el equilibrio dinámico del poder. Y no solo eso, contribuyen a evitar su desprestigio".

El poder de la Defensoría del Pueblo, por Rolando Luque

(Foto: Archivo El Comercio).

La superioridad de la democracia radica en el origen del poder pero también en su control. Popper se preguntaba: “¿En qué forma podemos organizar las instituciones políticas, a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”. Partía de la hipótesis realista del ejercicio abusivo o negligente del poder y la necesidad de insertar piezas en el engranaje del sistema que lo pusieran a buen recaudo. 

Los controles favorecen el equilibrio dinámico del poder. Y no solo eso, contribuyen a evitar su desprestigio, transparentando los circuitos de decisión, enderezando las conductas irregulares y transmitiendo a los ciudadanos el mensaje de que nadie tiene corona a la hora de rendir cuentas. La democracia que es capaz de sobrevivir a los malos gobernantes demuestra buen estado de salud.

Pero el control ya no es una función circunscrita a los poderes clásicos del Estado (el famoso check and balance), se ha ampliado a órganos autónomos. Uno de ellos es la Defensoría del Pueblo que supervisa el uso del poder estatal a propósito de la defensa de derechos fundamentales. Además, el poder en estos tiempos “es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder” según Moisés Naím. Entonces, si el poder ya no es el mismo –vistas las nuevas tendencias en el mundo–, su control tampoco. Una sociedad activa en calles y redes, por ejemplo, nos demuestra también que los ciudadanos han generado sus propias formas de criticar el poder y en ocasiones lo han hecho con indiscutible contundencia.

La Defensoría del Pueblo –que en estos días cumple 20 años de existencia– es, a pesar de su remoto origen escandinavo, una institución justamente de estos tiempos. Tiempos en los que la velocidad de las transacciones, la multiplicidad de intereses, la parsimonia de los estados y los extravíos de la política exigen más presteza frente a los problemas y menos solemnidades, más diálogo y menos sellos e incisos. Pero, ¿es esta institución capaz de influir en los agentes del Estado? ¿O es, como dicen algunos, un poder formal de modesta trascendencia? 

El poder no es solo cuestión de jerarquías y sanciones. Es un prejuicio creer que si una institución no ordena y apercibe, es un saludo al asta (dejemos la bandera a salvo). Las leyes, resoluciones y sentencias son fundamentales pero el “mundo de la vida” no se mueve solo gracias a ellas. La economía avanza impulsada por acuerdos entre privados, las familias negocian internamente sus proyectos de vida, los ciudadanos impulsan poderosas corrientes de opinión, los científicos crean nuevos paradigmas de comprensión del mundo, todo esto –muchas veces– a contrapelo de vetustas estructuras legales. La Defensoría del Pueblo es una entidad del Estado que sintoniza con lo más fresco de la civilización, por eso debe moverse siempre en el terreno de los argumentos, de la comunicación ágil con la diversidad de voces culturales, de la sensibilidad frente a la condición de vida de los indefensos, de principios éticos irreductibles incluso a costa de ser presionada por todos sus costados. 

El hecho de no ordenar o no sancionar no le resta, le suma. La apuesta por el diálogo y la persuasión genera espacios nuevos para resolver problemas en los que la lógica es la del entendimiento mutuo y no la de la batalla legal o política. Alguien tiene que hacerlo. Lo que no quita que agotada la persuasión no se desplace al terreno del litigio para lo que también está facultada. Los ombudsman en el mundo aspiran a la justicia pero no la administran. Inciden sobre el poder pero no lo pretenden. Porque quien defiende se pone del lado de aquel que ha visto afectado su derecho pero no para resolver como si fuera un juez o una autoridad administrativa sino para ejercer su defensa ante las instancias con competencia para decidir. 

Así ha trabajado la Defensoría del Pueblo del Perú estos 20 años y no le ha ido mal. Tiene una apreciable legitimidad, invierte cada centavo de su franciscano presupuesto en acercarse a las poblaciones más excluidas, y no está envuelta en actos de corrupción. ¿Sus defensas pueden ser más eficaces? Cierto. Felizmente la mayor fortaleza de esta institución está en su gente y de ella salen y seguirán saliendo los nuevos temas, enfoques y estrategias de defensa.