¿Quién juega con la salud pública?, por Óscar Ugarte

“El Ministerio de Salud no ha hecho nada por financiar en el 2017 a los hospitales descentralizados”.

¿Quién juega con la salud pública?, por Óscar Ugarte

Ilustracion: Giovanni Tazza

Óscar Ugarte
  • Óscar Ugarte
  • Ex ministro de Salud y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Wiener

Quienes revisamos los planes de gobierno de los diversos partidos en las elecciones pasadas, y en particular el de Peruanos por el Kambio (PPK), encontramos propuestas sensatas y muchas coincidencias, declarando que la salud era una prioridad. Todo ello auguraba la continuidad de las buenas estrategias y la voluntad de corregir lo que fuese necesario. 

El plan del partido de gobierno anunció el fortalecimiento del primer nivel de atención a través de redes integradas de atención primaria, seguido de un importante desarrollo de los recursos humanos, la disminución de indicadores de morbilidad y mortalidad, y el fortalecimiento del financiamiento para responder a las principales necesidades. ¿Quién podía estar en desacuerdo? 

Sin embargo, quizás porque la salud dejó de ser prioridad o porque quienes asumieron la gestión sectorial no estaban comprometidos con el programa, lo visto en estos primeros seis meses es un conjunto de propuestas y medidas contradictorias con lo anunciado.

Hacer críticas al INEN no verificables y acusarlo de ser responsable de las debilidades regionales en la atención del cáncer no solo es equivocado, sino que ello se agrava al considerar que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha hecho nada por financiar en el 2017 a los hospitales descentralizados. Así, por ejemplo, el Instituto Regional de Neoplásicas de Trujillo, dependiente del Gobierno Regional de La Libertad, tuvo en el 2014 un presupuesto de S/21 millones, en el 2015 fue similar, en el 2016 fue de 24 millones y lo aprobado para el 2017 se ha reducido a 15 millones. En el caso del instituto de Arequipa, en el 2014 su presupuesto fue de 14 millones, en el 2015 de 16 millones, en el 2016 subió a 20 y en el 2017 ha sido reducido a 11 millones. 

¿Quién es responsable de esos presupuestos recortados en los gobiernos regionales que van a afectar la atención oncológica descentralizada? Sin duda el Minsa, que lo aceptó así al aprobar el presupuesto 2017; y no el INEN que es ajeno a esas decisiones. Y es obvio que el Ejecutivo pretendió desvestir a un santo que funciona mejor que la mayoría para vestir a quienes no se les ha querido financiar directamente.

Pero el Decreto Legislativo 1305, que debilitaba al INEN y que felizmente fue derogado por la Comisión Permanente del Congreso esta semana, no solo incorporaba esta medida arbitraria, sino que además incluía otras tres medidas abiertamente opuestas a lo declarado durante la campaña. 

La primera de ellas era la desactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública, un instrumento fundamental para la especialización de recursos humanos en salud pública (y que muestra un abierto conflicto de intereses en tanto la ministra, hasta la víspera de asumir la cartera de Salud, fue decana de la Facultad de Salud Pública de una prestigiosa universidad privada, que obviamente es su competidor). Pero también dicho decreto deroga el Decreto Legislativo 1166 del 2013 que aprobó la estrategia de redes integradas de atención primaria de salud, anunciado como un acierto en el programa de PPK. Y, por último, el decreto le quitaba al Instituto Nacional de Salud las funciones de regulación en el control de la calidad de los medicamentos, el control de las tecnologías médicas, la salud ocupacional y la alimentación y nutrición.

Es fácil entender que la desregulación en salud abre las puertas para que las posiciones dominantes en el mercado hagan de las suyas. Por eso, preocupa que simultáneamente se hayan aprobado el Decreto Legislativo 1290 –sobre alimentos de alto riesgo dirigidos a poblaciones vulnerables– y los decretos legislativos 1344 y 1345 –que excluyen a los cosméticos, dietéticos y edulcorantes del ámbito regulador de la Ley de Medicamentos–, los cuales permiten que ahora cualquier producto pueda ser registrado y comercializado con solo una declaración jurada y sin ningún control sanitario previo.

En este contexto tan contradictorio con el sentido común y con lo anunciado anteriormente, cabe preguntarse: ¿Quién juega con la salud pública? ¿Y para qué?