El amigo secreto, por Carlos Meléndez

El caso Belaunde Lossio revela cómo funciona la política de más alto nivel bajo un sistema muy permisible a la corrupción.

El amigo secreto, por Carlos Meléndez

(Foto: Lino Chipana/Archivo El Comercio)

En el fondo sabes quién es. Te ha dejado varios regalitos que revelan poco a poco su identidad (consultorías por 50 mil dólares para hacer estudios sobre palma aceitera o campañas mediáticas de escudería política desde un diario popular). Aunque “fastidia” que te vinculen con él, sabes que hay una relación muy estrecha, cuajada en torno al fragor de dos campañas electorales. Por más que se niegue, las acumuladas evidencias indicarían que Palacio de Gobierno y muchos otros representantes nacionales y subnacionales tienen un “amigo secreto” poco discreto.
El caso de Martín Belaunde Lossio revela cómo funciona la política de más alto nivel bajo un sistema muy permisible a la corrupción. Belaunde entró en el equipo del nacionalismo como un colaborador polifuncional, desde operador político de campaña hasta financista. Debido a que el PNP es cualquier cosa menos un partido institucionalizado, es fácilmente penetrado por “cuadros” (disculpen la exageración) que se mueven principalmente por intereses monetarios. Las coincidencias ideológicas pasan a un segundo plano cuando se impone el pragmatismo de los líderes. El objetivo para el operador todoterreno es capitalizar la cercanía al poder, la confianza política, el abrazo inmortalizado en una foto, la llamada telefónica sin intermediarios. Así, una vez que el proyecto político alcanza éxito, el “pasar por caja” se convierte en un mero trámite.
De esta manera, a través de los pasillos de la administración pública, surgen mafias de tráfico de influencias donde más abunda la oportunidad: la inversión pública. En el caso de Belaunde, se le cuestiona la facilitación de entrega de obras públicas a empresas allegadas a él. Su ámbito de acción se multiplicó buscando socios en el Ejecutivo nacional (IPD) y gobiernos regionales presididos –no casualmente– por oportunistas de dudosa reputación (Álvarez en Áncash, Cerrón en Junín, Aguirre en Madre de Dios). La complicidad con otras mafias –como el caso de ‘La Centralita’– fue solo cuestión de tiempo.
El presidente Humala comete dos faltas políticas graves al respecto (no voy a centrarme en las jurídicas, que no son de mi especialidad). La primera es evidente: la impunidad del caso desprestigia directamente a su gestión. Aunque él haya deslindado y puesto la culpa en los funcionarios participantes, el involucramiento oscuro de figuras del Ejecutivo en varias etapas del caso genera dudas que abonan en la desconfianza. Pero lo más grave es que, a costa de este gobierno, han nacido y se han fortalecido –según el caso– camarillas de aventureros que usufructúan la lenidad de la gestión Humala con respecto a la corrupción.
El presidente Humala no solo es responsable por lo que sucede en las cuatro esquinas de la Plaza Mayor, sino por toda la institucionalidad estatal en su conjunto (incluyendo la que supone la descentralización). Su pasividad resulta cómplice de la derrota del poder formal frente a mafias que se reproducen a costa de los déficits del Estado y de la naturaleza propia de los estadistas (informalidad, vista gorda, amiguismo). El Estado Peruano se ha debilitado aun más bajo el mando del actual jefe de Estado.