“Becas, bases y votos”, por Carlos Meléndez

Esta combinación de negocios educativos y negocios políticos se reduce a una lógica clientelar.

“Becas, bases y votos”, por Carlos Meléndez

Este es el título del libro que el politólogo Rodrigo Barrenechea acaba de publicar a través del fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Es el primer estudio en profundidad sobre Alianza para el Progreso (APP) –partido político fundado y auspiciado por César Acuña en el 2002– que da cuentas, más allá del estudio de caso, de las dinámicas de la política subnacional en un contexto de crecimiento económico y descentralización sin partidos.
La confluencia de ambos fenómenos no es casualidad. Si se une el ‘boom’ de la inversión privada (en educación) en un contexto de desarraigo territorial de los partidos nacionales, surgen fenómenos políticos como APP. El soporte de la empresa universitaria es fundamental para entender la envergadura que este partido ha tomado a escala regional primero y nacional después. Barrenechea proporciona los datos y la información cualitativa que los vincula. El número de candidaturas subnacionales (distritales, provinciales y regionales) en los últimos procesos eleccionarios configura una tendencia ascendente y consolidación territorial de APP: 192 en el 2002, 389 en el 2006 y 902 en el 2010. Si a ello se añade que es el partido con más candidaturas a presidencias regionales en la actualidad, estamos frente a un proyecto ambicioso y retador.
Paralelamente, el consorcio universitario de propiedad de Acuña –César Vallejo (UCV), Señor de Sipán y Autónoma del Perú– ha sido uno de los proyectos educativos privados con mayor expansión en la última década. Su número de alumnos transitó de 2.699 en 1996 a más de 55 mil en el 2010 y su personal burocrático de 306 a 4.426. Solo la UCV cuenta con sedes de complementación académica y maestrías en cada región del país y hace rato ha dejado de ser un enclave norteño. Si a ello se agregan las iniciativas de proyección social (becas, asistencia técnica en proyectos de infraestructura para gobiernos locales, asistencia en salud), especialmente en los “límites de la presencia estatal”, confrontamos una red educativa consolidada que puede prestar sus recursos (económicos y humanos) a las codicias políticas de sus promotores.
La investigación de Barrenechea grafica cómo ello sucede: la construcción de una red clientelar y de patronaje (empleo a cambio de labor política) han sido vitales para APP. Los empleados del consorcio fungen como operadores políticos, mientras los recursos universitarios son utilizados en la propaganda y la movilización electorales. Así, a diferencia de otros partidos nacionales en ascuas, los leales a APP reciben un intenso soporte logístico, material y político. Las actividades de responsabilidad social otorgan a los miembros del partido-universidad prestigio social y legitiman su quehacer en los espacios locales.
Empero, esta combinación de negocios educativos y negocios políticos se reduce a una lógica clientelar. No existe materia gris –su promotor ha confesado que no lee libros– para trascender la politiquería y el chantaje (como muestra en un video viral de reciente circulación en redes sociales). Este es, pues, el producto ‘exitoso’ del modelo que algunos se obstinan en defender: el partido-negocio como reemplazo de la institucionalidad política.