El mito del demagogo, por Carlos Meléndez

Para sorpresa de muchos analistas, la aprobación a la 'ley pulpín' baja conforme aumenta el nivel de informalidad laboral

El mito del demagogo, por Carlos Meléndez

¿Por qué una ley –que en teoría contribuye a la disminución de la informalidad laboral– es rechazada por el 72% del país? Para El Comercio (editorial del 18 de enero), se trata de “demagogos de siempre (que) le han ganado la batalla de la comunicación al gobierno”. El problema –según este tipo de diagnósticos– tiene que ver con la representación de quienes protagonizan la protesta movilizada. “Los que no marchan” –informales, desorganizados–, no tienen cómo demandar directamente sus intereses ni quejarse por la carencia de derechos. Dado que el debate es dominado por la argucia de unos cuantos, los jóvenes informales no tienen cómo enterarse de los beneficios de la reforma.

Esta línea argumentativa es secundada por tecnócratas de escritorio –quienes caracterizan a las críticas de oposición como “populistas”– y por marketeros naif –que afirman que se trata de “problemas de comunicación” con “jóvenes rebeldes” incómodos por ser tratados como infantes (sic)–. ¿Cómo así surgieron demagogos capaces de manipular a millones de informales que, a diferencia del gobierno, son expertos en comunicación política y dominio de masas? ¿Son tan desvalidas las huestes informales que no solo carecen de derechos sino también de criterio como para darse cuenta lo que les conviene?

Por el lado de la oferta, la clase política –oficialismo y oposición– está tan desprestigiada que casi no tiene capacidad de dirigir corrientes de opinión. Los políticos –en su conjunto– han fracasado como formadores de opinión y sus posiciones tienen el objetivo de atacar al adversario antes que cultivar adhesiones sociales. Tendería a pensar lo contrario: que se mueven detrás de la opinión pública, reaccionando antes que anticipando el humor popular.

Por el lado de la demanda, efectivamente la población informal es la más difícil de movilizar. Es la de más baja articulación orgánica y de muy pobre participación en núcleos intermedios vinculados con la política (sindicatos). Por ello, los canales de articulación con potenciales demagogos son, en el mejor de los casos, tenues. Así, la posibilidad de obediencia y disciplina ante una línea establecida “desde arriba” es muy remota. Ello no quita, sin embargo, que el informal tome una postura, pero a través de canales –obviamente también informales– que sus críticos paternalistas ni sospechan.

Por eso, para sorpresa de muchos analistas, la aprobación a la ‘ley pulpín’ baja conforme aumenta el nivel de informalidad laboral (30% en NSE A, 26% en NSE B, 19% en NSE C, 22% en NSE D y 18% en NSE E, según Ipsos). Porque precisamente –a diferencia de lo que sostiene el editorial citado– los que “no tienen ni uno solo de los derechos en riesgo” son más conscientes de ellos, aunque no tengan tiempo ni recursos para tomar las calles. Según Ipsos, cuanto más aumenta el nivel de informalidad por estratos, más se exigen vacaciones de 30 días (62% en A, 79% en B, 78% en C, 81% en D y 82% en E), y lo mismo sucede con otros derechos y beneficios laborales. El joven informal promedio no marcha, pero si lo hiciese, el gobierno la tendría más difícil aun.