Editorial: Defensor central

Entre los candidatos, Samuel Abad es el más preparado para dirigir la Defensoría del Pueblo.

Editorial: Defensor central

Walter Gutiérrez, Samuel Abad y Enrique Mendoza son los candidatos para la Defensoría del Pueblo. (Fotocomposición: El Comercio)

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha anunciado que el próximo martes 6 de setiembre se realizará la elección del defensor del Pueblo en el pleno del Congreso. Con ello, una tarea largamente postergada desde que Beatriz Merino renunció al cargo hace más de cinco años –y que la poca disposición del Parlamento anterior evitó concretar– podría culminarse, si acaso uno de los candidatos propuestos alcanzara los 87 votos requeridos. 

La terna ha quedado conformada por Walter Gutiérrez (propuesto por Acción Popular), Enrique Mendoza (avalado por Alianza para el Progreso) y Samuel Abad (respaldado por el Frente Amplio). Y si bien los tres postulantes poseen virtudes que justifican su nominación, es nuestra opinión que uno de ellos resalta ampliamente por sus mejores credenciales para ejercer tal responsabilidad: Samuel Abad.

Respecto de los otros aspirantes, no es la primera vez que Gutiérrez es voceado para el cargo. Ya en junio del 2011, en las postrimerías del gobierno aprista, su candidatura fue sometida a votación en el pleno y, pese a ser el único postulante, no alcanzó la mayoría necesaria. 

En lo que refiere a su perfil profesional, Gutiérrez ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima en dos ocasiones y presidió en el 2009 la comisión encargada de elaborar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El producto de esta última, sin embargo, recibió fuertes críticas por parte de especialistas en la materia, incluyendo a funcionarios del Indecopi y de la Cámara de Comercio de Lima por su carácter antitécnico y excesivamente intervencionista. Dos de sus más notorios roles públicos se dieron como presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en las últimas elecciones, y como miembro de la comisión especial para analizar los sucesos ocurridos en Bagua conformada por el Ejecutivo también durante el gobierno de Alan García, a la que renunció antes de que se emitiera el informe final.

Mendoza, por su parte, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la Corte Suprema de Justicia. Dos cargos de suma importancia y en cuyo desempeño no ocurrieron mayores tropiezos o escándalos, pero tampoco mayores méritos por destacar.

Sobre lo anterior, su gestión a la cabeza de la Corte Suprema estuvo marcada por la huelga de trabajadores del Poder Judicial en el 2014, quienes detuvieron sus labores durante 46 días como protesta en contra de la aplicación de la Ley Servir al interior de la burocracia judicial. Así también, varias intervenciones de Mendoza terminaron en un intercambio de críticas con el Ejecutivo y el Congreso (al cuestionar, por ejemplo, que la comisión que investigaba los actos de corrupción en la región Áncash citara a jueces a declarar con la célebre frase: “fuera mano y zapatero a tus zapatos”). 

Finalmente, Abad no es solo un reconocido abogado y catedrático universitario de Derecho Constitucional desde hace 27 años. Quizá su mayor virtud frente a los otros dos candidatos es que en su currículum ostenta una carrera de 11 años en la Defensoría del Pueblo que le permiten conocer la institución por dentro, pues estuvo ahí desde sus inicios en 1996 hasta el 2007, llegando a desempeñarse como defensor adjunto en asuntos constitucionales y primer adjunto. 

Asimismo, visto desde los lentes de la política, Abad es un personaje aséptico: no tiene ni se le conoce afiliación partidaria o inclinación hacia alguna de las organizaciones políticas hoy representadas en el Parlamento. Una condición nada desdeñable tratándose de un cargo que supone también vigilar que las decisiones del Ejecutivo o Legislativo respeten los derechos de las personas.  

Más allá de las desavenencias entre las bancadas parlamentarias, entonces, la idoneidad y el criterio deben ser las fuerzas que primen durante la votación de la próxima semana. Suficientemente maltrechas están ya las costuras de la institucionalidad en nuestro país como para aguantar un manoseo infructífero más de la Defensoría del Pueblo. Más aun cuando la tarea de quien resulte finalmente elegido será velar por los derechos de todos los ciudadanos.