Editorial: Humala bajo la lupa

La inclusión del ex presidente en la investigación de la fiscalía por lavado de activos es justificada.

Editorial: Humala bajo la lupa

(Foto: Richard Hirano / El Comercio).

Esta semana, el Ministerio Público anunció que la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos decidió incluir al ex presidente Ollanta Humala en la investigación que el fiscal Germán Juárez Atoche le sigue a la ex primera dama Nadine Heredia. Como se sabe, el presunto delito por el que ahora se imputa también al ex mandatario es el de lavado de activos en la modalidad de conversión, en el contexto del proceso por los presuntos aportes irregulares al financiamiento de las campañas del nacionalismo en el 2006 y el 2011.

Concretamente, la fiscalía presume que las mencionadas campañas habrían sido financiadas con dinero de Venezuela (girado a través de las empresas Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores), en el primer caso. Y con fondos provenientes de coimas desembolsadas por las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, en el segundo.

Con esto, Humala se ha sumado a una larga lista de implicados en la investigación, que comprende a otras personas muy cercanas a la señora Heredia, como su hermano Ilan; su madre, Antonia Alarcón; y su amiga Rocío Calderón Vinatea. Como es evidente, sin embargo, la circunstancia del alto cargo que desempeñó hasta el 28 de julio pasado hace su situación particularmente notoria; máxime cuando el fiscal ha solicitado para él el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.

Cabe traer a colación, por ello, algunas consideraciones que despejan cualquier extrañeza que su inclusión en la investigación pudiera motivar. En primer lugar, es importante notar que los hechos por los que se lo investiga son anteriores a su acceso a la presidencia y constituirían, de ser probados, delitos comunes, por lo que, en este caso, el antejuicio en el Congreso al que todo presidente tiene derecho hasta cinco años después de culminado su mandato no rige.

De otro lado, es pertinente recordar también que el 18 de abril de este año, cuando todavía estaba en el poder y durante la interpelación a la que el fiscal Juárez lo sometió en calidad de testigo de la investigación a su esposa, Humala afirmó que el responsable de las finanzas del Partido Nacionalista durante las dos campañas bajo escrutinio fue él. De hecho, posteriormente declaró a la prensa lo siguiente: “Como presidente del partido en ese período, yo tomé las decisiones sobre el uso de fondos”. 

Aparentemente, el propósito tras tales aseveraciones fue alejar a Heredia de la pesquisa, pero el empeño estaba condenado al fracaso, pues ella está íntimamente vinculada a la forma como parte de los dineros sospechosos llegó al mencionado partido. Después de todo, fue a su cuenta a la que ingresaron, entre el 2006 y el 2009, los depósitos por US$215.000 sobre los que alertó en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera porque, a su juicio, fueron hechos por personas que no tenían el respaldo económico para solventarlos. La presunción, como se sabe, es que esos fondos serían parte del aporte venido irregularmente de Venezuela.

El dinero presuntamente ligado a las constructoras brasileñas, por otra parte, podría comprometer directamente a Humala mismo, pues un informe de la Policía Federal de ese país señaló en febrero de este año que “el máximo líder del Perú habría sido beneficiado por el Grupo Odebrecht”. Esto a partir del hecho de que las iniciales ‘OH’ aparecen en una hoja de cálculo incautada a María Lucía Guimaraes (persona vinculada a esa empresa), al lado de una anotación con la cifra de 4.800 millones de reales (cerca de US$3 millones).

El camino para eventualmente probar todas estas presunciones es, claro está, largo y exigente. Pero lo que correspondía establecer en este momento es si existen elementos suficientes como para llevar adelante la indagación fiscal e incluir en ella al ex mandatario. Y a nuestro entender, eso se ha logrado largamente.

Les toca ahora a los implicados prestar su colaboración a ese esclarecimiento sin alegar motivaciones políticas para lo que es esencialmente un procedimiento legítimo.