“Es una falta de respeto que el Congreso no elija al defensor”

Defensor encargado Eduardo Vega lamenta que institución haya trabajado la mitad de su existencia con titulares interinos

“Es una falta de respeto que el Congreso no elija al defensor”

Largo interinato. Eduardo Vega Luna lleva más de cuatro años como encargado de la Defensoría del Pueblo. El Congreso de la República sigue sin elegir un defensor. (Foto: El Comercio / Nancy Chapell)

¿Qué significa para usted que este Congreso haya sido incapaz de elegir a nuestro defensor del Pueblo?
Sin duda, es una falta de respeto a esta institución, a la institucionalidad que requiere el país, y no puede mostrarse a la ciudadanía que, más allá de los enfrentamientos, se ponen temas que están por encima de intereses partidarios. Nombrar a esta autoridad es una tarea que debe estar por encima de los debates que a diario vemos en el Congreso. En 19 años de existencia de la institución, diez ha estado dirigida por titulares, como Jorge Santistevan de Noriega y Beatriz Merino, y nueve años por interinos, como Walter Albán y quien habla. No es casual. Casi la mitad de su existencia ha tenido que trabajar de manera interina.

— ¿Estaría dispuesto a ser candidato al cargo?
Soy de la casa, trabajo aquí casi desde la fundación de la institución. Llevo cuatro años en la gestión, este Congreso sabe de mi trabajo, si consideran que yo puedo asumir esta tarea, estaré allí. He dado señales de independencia, autonomía, de distancia con el poder y he cumplido la labor encargada: la defensa de derechos y supervisión de la administración pública. Si el Congreso evalúa que mi trayectoria en estos cuatro años debe ser valorada para ser considerado para el cargo, yo estaré dispuesto, pero no me pidan que postule. No soy un candidato porque eso significaría dejar de lado mi trabajo para hacer campaña, lo que no estoy dispuesto a hacer.

— ¿La defensoría tiene presupuesto suficiente para hacer su labor?
Los recursos siempre van a ser limitados. En el 2013 trabajamos con 59 millones, en el 2014 con 50 y este año con 56. En el 2016 vamos a tener 54. Hubiera preferido que se mantenga el presupuesto actual. En fin, vamos a adecuarnos, tenemos un grupo de personal CAS que requiere estar mejor remunerado.

— ¿Qué sacrificarán para que la plata alcance?
En principio, hemos asegurado lo básico: el personal de la institución y la atención al ciudadano. Eso no se ha visto afectado.

— ¿Cuáles son las entidades más ‘quejadas’?
Los municipios. El ciudadano frente a su autoridad más cercana tiene problemas de acceso a la información, cobros indebidos y pedidos sin respuesta. Eso tiene que ver con los problemas de corrupción en los últimos años. Les siguen la ONP (Oficina de Normalización Previsional), aunque la comunicación con ellos ya es más fluida; las direcciones regionales de educación, por cobros indebidos de matrículas e inasistencia de profesores. Reconozco que hay un esfuerzo del sector Educación con la carrera magisterial. También está el sector Salud, por la mala atención en hospitales y centros de salud.

— ¿En qué cree usted que fallan las autoridades para tener esta situación de inseguridad?
Hay una demanda muy clara a la policía, fiscales, jueces y alcaldes para un cambio radical de actitud frente al problema. Sin un trabajo coordinado entre estos, si el Poder Judicial no cambia estos criterios para resolver casos evidentes [de usurpación] como el de una vivienda en Lince, habrá mucha impunidad. Los equipos ayudan, ya el ministro [del Interior] ha señalado que hay compras en camino, pero falta completar la infraestructura y equipamiento de comisarías.

— ¿Las autoridades siguen siendo incapaces de dialogar para solucionar conflictos?
No tenemos una cultura arraigada de enfrentar la conflictividad social con diálogo. Nos enredamos en procedimientos y descuidamos esta herramienta. La conflictividad en sí misma no es negativa, pero se trata de no llegar a situaciones de violencia. Cada mes decimos aquí están los conflictos y los ponemos en conocimiento de las autoridades para poder prevenirlos.

— ¿A los indígenas les da igual que el lote 192 sea operado por Petro-Perú o Pacific?
Ellos tienen disposición de dialogar, son personas razonables. Me han pedido que se les garantice que no habrá contaminación de sus territorios, de sus ríos, tienen la mala experiencia de que, sea cual sea la empresa (que opere), ha habido contaminación. La consulta previa llegó a acuerdos con dos cuencas que querían que en este proceso también se atendiera la agenda histórica de olvido de los pueblos indígenas, y eso no está en el debate. Están de por medio los acuerdos con el Ejecutivo el 10 de marzo pasado, pero ellos dicen que muy poco se ha avanzado en salud, en educación. Hay que poner cronogramas, un plazo.

— En el 2013 usted dijo que el presidente Ollanta Humala le bajó el dedo por ser incómodo al gobierno. ¿Mejoró la relación?
Siempre la autoridad del defensor va a ser incómoda a cualquier gobierno. En los 19 años de la institución, siempre ha habido una relación tirante y lo que sí debemos evitar es que esta llegue a ser confrontacional. El defensor no es una autoridad política, sino que busca que sus recomendaciones sean aceptadas por el Ejecutivo en general. Hay temas en los que se tomó nuestra opinión como en la ley del uso de la fuerza. El presidente la observó y la nueva ley recoge muchos de nuestros planteamientos. Hablo permanentemente con los ministros, hay buena disposición.

— ¿Cómo califica el desempeño del actual gobierno?
No me toca hacer una calificación política, no es mi tarea. Sí veo que en todos los sectores hay esfuerzos por abordar temas centrales y pendientes, que es necesario ver con mayor decisión para desentrampar situaciones que el ciudadano enfrenta día a día. Se están haciendo esfuerzos en temas como salud, educación, seguridad, pero sin duda los resultados aún son insuficientes.

— Nadine Heredia ha dicho que las agendas que se le atribuyen no son suyas, pero su hermano pidió que se invaliden. ¿Cree que hay un apanado público contra ella, o que más bien debe investigarse el caso?
Todos los que ejercemos la función pública o estamos expuestos a una actividad pública tenemos que asumir que debemos explicar todas nuestras acciones y someternos a todas las investigaciones para que se esclarezca la situación. Ella ha señalado que va a someterse a todas las investigaciones del Ministerio Público. Es lo que se espera de todo personaje público por el bien del país.

— La defensoría se mostró a favor de la unión civil. ¿Cuál es la postura sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual?
Hicimos llegar nuestra opinión al Congreso. Es un dilema ético, no es una decisión fácil de resolver ni para la víctima de violación ni para la sociedad. Podría admitirse la situación extrema de un aborto por violación cuando haya dos elementos centrales: la presentación de la denuncia policial del hecho y un período de reflexión. Lo que no puede hacer el Estado es sancionar a la mujer.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de El Comercio.