Defensoría pone en evidencia grave crisis carcelaria en el país

Solo hay 63 médicos y un psiquiatra para 49 mil encarcelados. Sector Justicia, Educación y Trabajo elaboran planes de reinserción social

Defensoría pone en evidencia grave crisis carcelaria en el país

JUAN AURELIO ARÉVALO

Los graves hechos de violencia registrados en Cañete por manifestantes que rechazaban la ampliación del penal La Cantera y la construcción de un nuevo centro penitenciario han puesto nuevamente en el tapete la crisis carcelaria que arrastra el país.

Hace tan solo dos meses el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, expuso ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana un informe (con datos estadísticos del INPE) sobre la situación de los 66 penales en el Perú a fin de plantear una hoja de ruta sobre la materia. Los resultados de ese reporte dan para el espanto, pero el Gobierno ya empezó a responder.

CIFRAS DE HORROR
Hasta julio de este año la población penitenciaria ascendía a 48.858 internos, pero las cárceles solo pueden albergar a 28.689 reclusos. Es decir, hay una sobrepoblación del 70%.

Entre el 2006 y el 2011 han fallecido 122 presos. ¿Cuántos médicos están disponibles? Solo 63. Asimismo, 28 penales no cuentan con personal médico a pesar de que hay más de 1.200 casos de TBC y 540 internos con VIH/sida. ¿Cuántos enfermos mentales tienen nuestras cárceles? 179, según el informe defensorial. ¿Y con cuántos psiquiatras cuenta el sistema penitenciario en el ámbito nacional? ¡Solo uno! La seguridad penitenciaria también es lamentable. Solo dos penales disponen de equipos de rayos X y el 50% de torreones no tiene vigilancia. Asimismo, apenas hay 1.050 agentes.

Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la defensoría, explica que entre las recomendaciones que dio su institución se pidió al Ministerio de Justicia y al Consejo Penitenciario formular un plan de reforma penitenciaria 2012-2021 que incluya la construcción de diez penales en ese lapso.

También se planteó una auditoría de seguridad para identificar deficiencias internas y externas. “Además, hemos solicitado que se haga de una vez el reglamento de la Ley de la Carrera Penitenciaria”, añade Vignolo, quien resalta que la lucha contra la corrupción es otro punto clave y por eso recomendaron un proyecto de ley para sancionar a quienes promuevan o faciliten el ingreso de armas y objetos prohibidos.

Gobierno ya dio las primeras respuestas al informe
El informe y las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo sobre la situación penitenciaria del país ya empezaron a ser tomados en cuenta.

Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de dicha institución, informó que el 28 de noviembre recibieron una carta del primer ministro Salomón Lerner, en la cual asegura que le ha solicitado al ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, resolver en un plazo de 60 días la situación de los presos con trastornos mentales, los cuales deben ser derivados a establecimientos especializados de salud.

En tanto, el viernes pasado la defensoría firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo y de Justicia para analizar y poner en marcha mejores ofertas de talleres para los internos.

Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Básica Alternativa, se ha comprometido a realizar un estudio para determinar una propuesta pedagógica y organizacional para los presos.