Ministro de Trabajo se defendió de dudas sobre su nacionalidad

La Confederación de Trabajadores del Perú había señalado que José Villena debía renunciar por tener nacionalidad argentina

Ministro de Trabajo se defendió de dudas sobre su nacionalidad

El ministro de Trabajo, José Villena, aseveró que se encuentra capacitado legal y constitucionalmente para ejercer el cargo, frente a los pedidos de renuncia de un gremio sindical, por supuestamente tener nacionalidad argentina.

Villena dijo que la Ley 26574 lo faculta plenamente para ser ministro y recordó que este tema fue revisado en 1994, cuando ingresó por primera vez a trabajar en la administración pública.

“Me encuentro dentro del marco legal y constitucional para ser ministro”, dijo en declaraciones en Canal N, tras lamentar que se haga uso de un tema personal para desacreditar la ley que elimina el régimen del Contrato de Administración de Servicios (CAS) aprobada por el Congreso, que aún espera la promulgación del Ejecutivo.

TEMA ANTIGUO
Al respecto, mencionó que en 18 años trabajando en la administración pública ha desempeñado diversos cargos y nunca el tema de su nacionalidad fue motivo para desacreditarlo.

Recordó que en el 2006 representó al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la demanda contra la reforma pensionaria.

POR UNA LEY
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), José Grijalva, pidió hoy la renuncia del ministro Villena por supuestamente tener nacionalidad argentina, y anunció que mañana se realizará una marcha en protesta por la aprobación de la ley del CAS, norma que, en su opinión, propiciará un despido masivo de trabajadores.

Al respecto, Villena sostuvo que la ley que elimina el CAS fue una decisión del Congreso que el Ejecutivo aún se encuentra evaluando, y añadió que en el supuesto de presentarse excesos, la norma reconoce una serie de derechos que hasta el momento eran ajenos a los trabajadores pertenecientes a este régimen.

Descartó también que a raíz de este asunto se hayan generado despidos masivos en las instituciones del Estado.

“Si ellos se sienten amenazados por un eventual despido, esta autógrafa los protege con una indemnización por despido arbitrario”, afirmó.

Explicó que los despidos que se están haciendo en algunas instituciones responden a un proceso normal de evaluación a la que estas entidades tienen todo el derecho, teniendo que cuenta que los contratos CAS máximo solo pueden ser de un año.