(Editorial) Crimen sin castigo

Antes de la próxima campaña debe encontrarse a quienes hicieron del delito un protagonista en los anteriores procesos electorales

Han pasado ya más de dos semanas desde que triunfó el No en la consulta limeña de revocación. A nosotros ese triunfo nos pareció una buena noticia por las razones que expusimos en los editoriales en los que sentamos nuestra posición al respecto. Esto, sin embargo, no nos impide mostrar nuestra preocupación ante el hecho de que aquello que muy probablemente decidió el resultado de la elección (a juzgar por la evolución de las encuestas que circularon en la última semana) haya sido un delito. A saber, la grabación de una conversación no dirigida al público, en la cual el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio parecía confirmar las acusaciones que lo situaban detrás del movimiento revocador, así como darle la razón a quienes decían que este proceso no trataba en realidad de la gestión de la alcaldesa, sino que era, más bien, una pura movida política por el poder municipal.

Nuestra preocupación, por otro lado, viene acrecentada por el hecho de que el mencionado delito parece haber sido tomado con la mayor normalidad: en estas semanas, casi no se ha vuelto a hablar del tema y, ciertamente, no se ve un interés mayor por encontrar a los autores del mismo.

Peor aun, esta sensación de normalidad aparenta tener un sustento real: si nos atenemos a los últimos tiempos, vemos que se trata, en efecto, de un patrón al que se ajusta nuestra vida electoral. Es decir, de algo “normal” en el sentido más literal del término. Un instrumento de campaña más.

De hecho, al menos en lo que toca a las campañas en las que participa el partido de la alcaldesa, podemos decir que estamos ante algo que parece ir más allá de lo “normal”, para entrar al terreno de lo “asiduo”. Al fin y al cabo, fue otro audio grabado de una conversación privada (de Lourdes Flores, la entonces rival electoral de la señora Villarán) el que jugó un rol decisivo para que, solo dos semanas después de su publicación, la actual alcaldesa fuese elegida para el sillón municipal. Y en la última campaña, el audio de Luis Castañeda Lossio tampoco fue el único que apareció de pronto para dar una mano a la causa de Susana Villarán. Ya antes habían salido a la luz dos conversaciones grabadas al promotor oficial de la revocación, Marco Tulio Gutiérrez, en las que este hablaba de comprar firmas y de estar tras la revocación para obtener un jugoso contrato personal del (según sus proyecciones) futuro alcalde Castañeda Lossio.

Nosotros, desde luego, no negamos la relevancia pública de la información contenida en estos audios. Por lo menos los de la última campaña ponían en evidencia un engaño implícito al electorado, en lo que tocaba a los motivos de quienes estaban pidiendo su voto. Por eso estuvimos entre los medios que dieron cuenta de su contenido. Porque creemos que los límites de la privacidad de cada cual son los mismos que los de su libertad; esto es, que la privacidad no puede servir como el manto de invisibilidad que facilita violar los derechos de los demás –por ejemplo, estafándolos–. Y, ciertamente, esto último –estafar a los demás– es lo que hace un político cuando busca que el voto del público se produzca con información incompleta o falsa.

Dicho de otra forma: uno no viola la privacidad del ladrón que encuentra metido en su jardín (o en el del público) al quitarle la capucha.

Este argumento, sin embargo, justifica solo al medio que difunde una información que, aunque haya salido de una conversación privada, revela este tipo de conductas y es de interés público. Y lo justifica únicamente porque antes de decidir si difundirla, el medio ya puede saber con seguridad que se trata de algo que va más allá de los límites de la privacidad.

Quienes deciden interferir comunicaciones no dirigidas al público, en cambio, no están cubiertos por esta justificación. Cuando deciden interceptar una comunicación, ellos no tienen forma de saber de antemano si lo que van a encontrar en ella está o no dentro del campo cubierto por la privacidad. Por eso, su actividad siempre es un delito y por eso tiene que ser perseguida y sancionada como cualquier otro delito, sin que le pueda funcionar de excusa el que acabe sirviendo para impedir otro abuso. Al menos ahí donde hay Estado de derecho, los delitos no se salvan por carambola y constituyen, más bien, una auténtica vergüenza las conspiraciones de silencio y brazos cruzados que apuntan a lograr lo contrario.