(Editorial) ¡A nombrar defensor del Pueblo!

El abogado Eduardo Vega Luna viene ejerciendo el cargo interinamente, por Resolución Defensorial 004-2011/DP, desde el 1 de abril del 2011…

Desde que la doctora Beatriz Merino Lucero dejó el cargo de defensora del Pueblo, al cumplirse su mandato de cinco años, el nombramiento de su sucesor sigue entrampado en el Congreso. El abogado Eduardo Vega Luna viene ejerciendo el cargo interinamente, por Resolución Defensorial 004-2011/DP, desde el 1 de abril del 2011.

Esto es una muestra clara del escaso interés de los parlamentarios por definir, de una vez por todas, el destino de una institución de importancia medular frente a la escalada de conflictos sociales y ambientales que afectan al país.

La defensoría es un órgano autónomo creado por la Constitución de 1993, para proteger los derechos de las personas y las comunidades. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos.

Son asuntos de importancia para contribuir con la paz social y, por ello, es inexplicable la lenidad congresal no solo en el caso del nombramiento del nuevo defensor, sino de los dos magistrados que ya cumplieron su período en el Tribunal Constitucional (TC).

En el pleno del jueves, la propuesta de Gana Perú, de modificar las leyes orgánicas del TC y de la Defensoría de Pueblo para simplificar el proceso de elección, se frustró (para ser elegido se requiere como mínimo el voto favorable de dos terceras partes del Congreso). No hubo acuerdo en que la designación sea por invitación directa, tampoco se definió la fecha de inicio del concurso público para elegir al defensor y a los magistrados del TC. Este es el problema de fondo que requiere ser resuelto con premura.

Con el país convulsionado y veinte conflictos que han entrado ya en fase crítica, las discrepancias y las discusiones sobre puntos banales no ayudan a la imagen del Congreso.

Más allá de las diferencias partidarias se requieren consensos mínimos para avanzar con las reformas pendientes y el responsable cumplimiento de las funciones que la Constitución le asigna a ese poder del Estado, una de las cuales es justamente designar al defensor del Pueblo.

Entre otras tareas, la misión de la Defensoría del Pueblo es crear conciencia en los poderes públicos con respecto a que su actuación debe sujetarse a la legalidad y al respeto de los derechos de los ciudadanos. Parece que el próximo defensor tendrá que empezar recordándole eso al Parlamento.

Consulta sin reglamento
Han transcurrido más de dos meses desde que el presidente Ollanta Humala promulgó la ley del derecho a la consulta previa y hasta el momento no cuenta con reglamento. Tal postergación no es saludable frente a las expectativas generadas entre las comunidades. Recién el Viceministerio de Interculturalidad ha anunciado la próxima reunión de la comisión multisectorial responsable de la elaboración del reglamento. A estas alturas la esperada ley ha terminado siendo tan solo un gesto y nada más. Sin reglamento es inaplicable y aun con este será complicado cumplirla.

Además de 14 viceministros, el reglamento debe recibir el aporte de los representantes de seis organizaciones indígenas. La demora no hace más que poner en riesgo la ejecución de numerosas inversiones que deben contar con la debida licencia social. El Perú no puede seguir privado de mecanismos de consulta que los últimos gobiernos fueron incapaces de implementar.

Sería nefasto que se distorsione el espíritu de la ley de consulta y el Convenio 169 de la OIT, que suscribió el Perú para brindar protección efectiva a los pueblos indígenas. Necesitamos un instrumento que permita que las partes involucradas participen y establezcan acuerdos respecto a la inversión responsable, el respeto al ecosistema y la tradición de las comunidades nativas.


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