(Editorial) Una propuesta indecente

El proyecto de Diez Canseco para convertir acciones de inversión en acciones comunes solo profundizaría un robo.

(Editorial) Una propuesta indecente

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el controversial proyecto del congresista Javier Diez Canseco para convertir las denominadas “acciones de inversión” en acciones comunes. No es para menos. Después de todo, se trata de una propuesta que beneficiaría a su ex esposa y a su hija, titulares, respectivamente, de 90.049 y 12.030 acciones de inversión de la empresa Backus. Lo esperable, a fin de cuentas, es que el valor de mercado de dichas acciones, que no otorgan derechos políticos en la sociedad, aumente una vez que exista la posibilidad de canjearlas por acciones que sí lo hagan, como sucedería si se aprobase la propuesta legislativa.

El conflicto de interés en el que se involucró el señor Diez Canseco (y que ameritó que la Comisión de Ética del Congreso recomiende sancionarlo con una suspensión) ha distraído a la opinión pública de una injusticia aun mayor escondida detrás de su propuesta. Nos referimos aquí a la profundización de la confiscación perpetrada en 1970 por Juan Velasco Alvarado a miles de peruanos. Ese fue el año en el que el dictador forzó a las empresas a entregar acciones a las “comunidades industriales”, que agrupaban a los trabajadores, buscando así hacerlas dueñas de la mitad del negocio a pesar de que ellas no habían realizado aporte de capital alguno. En 1977 dichas acciones fueron transformadas por ley en las llamadas “acciones laborales”, que fueron entregadas a los trabajadores individualmente y que ya no incorporaban derecho a voto en la junta general. En años posteriores se les cambió de nombre a “acciones de trabajo” y luego a “acciones de inversión”.

Esta no es otra que la historia de un robo. No se puede llamar de otra manera a un acto estatal que interfirió en el contrato social de una empresa para quitarle parte de su capital (y por un tiempo parte de su derecho a decidir sobre el negocio) a quienes invirtieron en ella.

Hoy el señor Diez Canseco pretende disfrazar de justa su propuesta de restituir a las acciones de inversión el derecho a votar en la sociedad bajo el argumento de que “en ningún otro país hay acciones con derechos disminuidos”. Lo que quizá él no note es que probablemente ello no suceda en otras naciones porque en pocos lugares ha existido un gobernante con el descaro del señor Velasco Alvarado para institucionalizar el robo (ni congresistas con tanta perseverancia como la suya para repotenciar esta institución). A diferencia de lo que cree el parlamentario, su proyecto de ley en vez de corregir una injusticia no haría más que profundizarla.

Por lo demás, la Comisión de Ética del Congreso no debería detener su investigación sobre los posibles beneficiados por la propuesta al llegar a la familia del legislador. Y es que esta no sería la única ni, por lejos, la más beneficiada con este canje de acciones, pues es de conocimiento público que muchas de las acciones de inversión ya no se encuentran en manos de trabajadores, sino que fueron adquiridas por diversos grupos económicos. ¿Será acaso que detrás de la propuesta del legislador socialista se esconden los intereses de más de un especulador capitalista?

Esta cuestión es particularmente inquietante cuando reparamos en el hecho reportado ayer por el diario “Perú21”: la primera versión del proyecto del señor Diez Canseco (presentada a fines del 2005 y prácticamente igual al proyecto de ley actual) fue diseñada por su ex asesor financiero, quien es titular de más de tres millones de acciones de inversión en la empresa Backus.

Los sucesos tienen visos de no ser nada más que otro caso de mercantilismo; es decir, del uso del Poder Legislativo para beneficiar a un grupo particular en perjuicio del resto de peruanos. Así, pues, parece que a esta propuesta de profundizar el robo de Velasco Alvarado le cae bien la frase de Marx: la historia se repite a sí misma, primero como tragedia, luego como farsa.