(Editorial) Transgénicos, irresponsable bomba de tiempo

Sorpresivamente, el Ministerio de Agricultura, a través del Decreto Supremo 003-201, promulgó el reglamento que abre las puertas a la entrada de las semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en nuestro país.

El Perú ha perdido la ventaja comparativa de suelos limpios y de ser un territorio libre de transgénicos desarrollados por las grandes firmas farmacéuticas. En nuestro país, de climas y suelos diversos, un amplio sector de especialistas y agricultores esperaba que nos consolidáramos como el principal centro de productos orgánicos, un mercado que viene creciendo exponencialmente.

En este contexto, se pensaba que se formalizara una moratoria sobre estos espinosos productos, como era el consenso mayoritario razonable. Hasta ahora se sigue esperando el pronunciamiento del ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, así como del ministro de Cultura, Juan Ossio, sobre un asunto que tanto puede afectar la seguridad ambiental en nuestro país, además de erradicar tradiciones y prácticas culturales de las comunidades agrícolas.

Es una irresponsable y cuestionable decisión de un gobierno que ya está de salida y que, según todo indica, habría cedido a la presión de poderosos lobbies internacionales. El gobierno aprista del presidente Alan García, a contracorriente del sentir de la población y de voces autorizadas sobre la importancia de la agricultura orgánica –como el príncipe Carlos de Inglaterra o la reconocida bióloga Jane Goodall–, pone en riesgo la megadiversidad de nuestro territorio, enorme riqueza que nos pertenece a todos los peruanos y peruanas, además de las prácticas agrícolas milenarias de los Andes y la Amazonía.

¿Cuál es la intención de las autoridades? Según expertos en el tema, conservacionistas y voceros de Conveagro, con esta decisión el Ejecutivo solo beneficia los negocios de grandes corporaciones de productoras de organismos genéticamente modificados en laboratorio. Una bomba de tiempo ecológica para el próximo gobierno.

Se indica que el reglamento es, por increíble que parezca, resultado de un consenso con el Ministerio del Ambiente (Minam), para supuestamente incrementar la productividad del agro, sin tomar en cuenta la problemática que en otros países ya se viene produciendo por los transgénicos: polinización cruzada, contaminación del material genético de especies nativas y silvestres, aparición de cizañas resistentes a los herbicidas y retracción del mercado para productos de este tipo.

Hasta donde se conocía, la postura del titular del Minam, Antonio Brack, había sido de oposición a los transgénicos y fue él quien planteó la moratoria. En octubre del 2008 inclusive tuvo un entredicho con su colega, el actual ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, quien entonces, como ministro de Agricultura, impulsaba el tema.

La catedrática de la Universidad Agraria de La Molina, Antonietta Gutiérrez, quien participó como representante de la sociedad civil en el grupo técnico de bioseguridad del Minam para evaluar el reglamento, ha declarado que no fueron informados de que el documento estaba listo. ¿Cuál es ahora la posición de Brack?

La experiencia con transgénicos en otros países ha sido negativa. De allí la preocupación de gran parte de los agricultores peruanos y del creciente movimiento orgánico, que temen verse inundados de semillas transgénicas de corporaciones con grandes intereses que les cobrarán por cada cosecha, así como de los consumidores. Los representantes de la gastronomía nacional han alertado también sobre los perjuicios que se producirían sobre las variedades y sabores de los productos naturales.

El comercio orgánico, además, está creciendo a un ritmo de entre 15% a 20% anual, y ya hay más de 100 países que exportan sus productos orgánicos a los más diversos mercados. El Perú tenía una gran ventaja comparativa para erigirse como líder en este sector. La FAO ha puntualizado que la agricultura orgánica tiene como ventajas proteger el ambiente y evitar futuros gastos para mitigar la contaminación.

Corresponde al presidente García, por decencia y coherencia, congelar el reglamento, confirmar la moratoria en el tema y no tomar decisiones cuando ya está de salida. Su actitud solo levanta suspicacias.