Alta funcionaria de la Fiscalía trabaja con títulos falsos y hace uso ilegal de vehículos oficiales

La gerenta de Bienestar del Ministerio Público, María de la Paz, viaja en camionetas de la institución a su domicilio. Fue denunciada por ejercer funciones como licenciada en una universidad que no existe

En dos graves delitos estaría comprometida la gerenta de Bienestar del Ministerio Público, María de la Paz Hernández (64), quien hace uso de vehículos oficiales de esta institución para fines personales y firma documentos consignando el grado de Licenciada que, según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no tiene.

Un informe propalado por el programa de TV “Cuarto Poder”, dio cuenta que la funcionaria es trasladada a su domicilio en camionetas de la Fiscalía, con el logo oficial estampado, casi siempre desde su sede en el centro de Lima.

Para el ex procurador de la República, Luis Vargas Valdivia, si De la Paz Hernández no cuenta con la debida autorización para usar, además de vehículos oficiales, choferes y gasolina costeada por el Ministerio Público, podría purgar hasta cuatro años de pena privativa de la libertad.

“Estos privilegios solo se le conceden a funcionarios que investigan temas sensibles que pondrían en riesgo su integridad. Entre ellos, los fiscales especializados en casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo”, sostuvo Vargas Valdivia.

USURPACIÓN DE TÍTULOS
La unidad de investigación del citado programa detectó además que María de la Paz Hernández dirigió documentos a dos gerentes administrativos, a una fiscal y a un funcionario, entre enero y mayo de este año, colocando además de su firma el título de Licenciada.

El caso se remonta al 2001 cuando la funcionaria en cuestión se presentó al Congreso de la República para ocupar el mismo puesto que hoy tiene en la Fiscalía. En aquel entonces incluyó entre sus documentos dos diplomas, emitidos a su nombre por la Universidad Autónoma de Costa Rica, que acreditaba una maestría en Educación, y otra de la Universidad Central del Caribe en Panamá, por el grado de Licenciada en Administración.

Sin embargo, luego de cruzar la información pertinente, el Congreso concluyó en que tales documentos eran falsos, pues ambas universidades consignadas sencillamente no existían. Tras ello, fue objeto de una acusación penal en el 2007 que dos años después prescribió al vencerse el plazo de la acción penal.