Contraloría audita procesos y contratos de puentes de Emape

Estructuras a auditar son los puentes peatonales Solidaridad, Libertadores, Panamericana Norte y de la Costa Verde

Contraloría audita procesos y contratos de puentes de Emape

El “Puente Solidaridad” fue construido, a través de Emape, en el año 2010 por la Municipalidad de Lima, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio. (El Comercio)

La Contraloría General puso en marcha una auditoría a la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima S.A.- Emape, unidad orgánica de la Municipalidad de Lima, que comprenderá una evaluación a los procesos de contratación de las obras conocidas como “Puente Solidaridad”, “Puente Los Libertadores”, “Panamericana Norte”, “Puentes  peatonales y escaleras de la Costa Verde” y “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Avenida Angélica Gamarra”. 

Se trata de una auditoría de cumplimiento que analizará los diferentes aspectos de los procedimientos administrativos que se llevaron a cabo para ejecutarlas. 

El puente peatonal “Solidaridad” se ubica a la altura de la cuadra 18 de la avenida Malecón Checa, entre  los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino, que recientemente tuvo un incidente en su infraestructura; mientras que el puente “Los Libertadores”, es una obra similar ubicada en la cuadra 13 de la misma avenida. 

Otra obra que se audita es el puente peatonal ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte,  en el distrito de Puente Piedra. 

Las otras obras que forman de la parte de la auditoría son: “Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales en la Costa Verde, provincia de Lima (Primera etapa)” y “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Avenida Angélica Gamarra, tramo Panamericana Norte-Avenida Tomás Valle en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos”, periodo 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2016. 

EL DATO 
La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades han observado la normativa aplicable en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público, en el uso y gestión de los recursos del Estado.