Defensoría pedirá revisión de alza de peaje en Puente Piedra

Dirigentes de tres asociaciones vecinales se quejaron por incremento de más del 100% en un área que no tiene vías alternas

Defensoría pedirá revisión de alza de peaje en Puente Piedra

El incremento del peaje, aprobado por la concesionaria Rutas de Lima, rige desde el 29 de diciembre. Los vehículos livianos deben pagar S/5, los livianos públicos S/4,5 y los vehículos pesados S/4,5 por eje en peaje de Puente Piedra. (Foto: Defensoría del Pueblo / Difusión)

La Defensoría del Pueblo recibió quejas de los vecinos y usuarios del peaje de Puente Piedra, quienes reclaman por el reciente incremento de más del 100% de la tarifa, pues ahora deben pagar por usar ambos sentidos de la vía (norte-sur y sur-norte).

“Lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio, pues, en la práctica, se ha aislado a los residentes del AA.HH. Laderas de Chillón, obligándolos a pagar peajes para salir y entrar del lugar donde viven, lo que constituye, cuando menos, una restricción al derecho constitucional de libre tránsito”, observó Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, tras una inspección en la nueva garita instalada en la zona.

El incremento, aprobado por la concesionaria Rutas de Lima, rige desde el 29 de diciembre último. Los vehículos livianos deben pagar S/5, los livianos públicos S/4,5 y los vehículos pesados S/4,5 por eje.

Dirigentes de tres asociaciones calificaron el incremento del peaje y la instalación de la nueva garita como un acto abusivo e ilegal, "pues ni siquiera hay vías alternas, como sí sucede, por ejemplo, en la Panamericana Sur”, lo que les permitiría hallar nuevas rutas para salir y entrar a sus casas.

La Defensoría informó que solicitará información al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), a cargo de la supervisión de la concesión, para que informe sobre este incremento y cómo beneficiaría a los usuarios. También se pedirá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que intervenga y que, en el marco de sus competencias, corrija y de ser el caso sancione a la concesionaria en su condición de proveedora de un servicio público.