Fiscalía investiga a funcionarios de Emape por caída de puente

Entre implicados está el Ing. José Justiniano, quien intentó negar la caída. Alcalde Castañeda lo respaldó pese a críticas

Fiscalía investiga a funcionarios de Emape por caída de puente

Puente Solidaridad con menos de 7 años se cayó por aumento del caudal del río Rímac. Alcalde Luis Castañeda respaldó la obra pese a las críticas. (Foto: El Comercio)

La caída del puente Solidaridad durante la crecida del río Rímac no solo propició el descenso en la popularidad del alcalde Luis Castañeda, también una investigación a sus funcionarios. La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios indaga a ocho miembros de Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape).

Los funcionarios se encuentran bajo sospecha de una presunta concertación para la contratación de la empresa Constructora e Inmobiliaria AL&M, responsable del puente Solidaridad y Los Libertadores, cuya estructura tuvo que ser sostenida por una grúa algunos días. Ambos puentes costaron 7,5 millones de soles y fueron inaugurados hace solo 7 años.

Según un informe del diario La República el fiscal a cargo del caso es Gunther Cornejo Gonzales, quien, ante el pedido de la Procuraduría Anticorrupción, inició la investigación al encontrar “indicios razonables” de colusión.

Los implicados son Fedor Morales Boluarte, Carlos Bustamante Jara, Richard Gonzales Rodríguez, Lourdes Suárez Castillo, Nelson Cárdenas Ojeda, Moisés Montalvo Ayala, Carlo López Gonzales y el ingeniero José Justiniano Martínez, quien dijo que el puente no se cayó sino que se desplomó.

Finalmente, el noveno comprendido en el caso es el gerente general de la Constructora e Inmobiliaria AL&M, Gerson Guillén Argüelles. Entre el 2009 y 2012 su empresa se adjudicó cuatro contratos con Emape por un valor de 13,7 millones de soles. En todos los procesos se presentó como postor único.

La Municipalidad de Lima informó a La República que contribuirá con las indagaciones.

Cabe recordar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que la Constructora e Inmobiliaria AL&M no tenía experiencia y que, según entendidos en contrataciones públicas, la licitación habría sido direccionada. Además, el ingeniero supervisor de construcción, Víctor Sánchez Moya, no supervisó la obra en campo, pese a que así lo estipulaba su contrato.

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