Tras años de espera, el Ministerio de Salud publicó un proyecto de reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

Después de ser aprobada por el Congreso de la República, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (30021) fue promulgada por el entonces presidente Ollanta Humala el 16 de mayo del 2013. En una ceremonia en el distrito de San Luis, y acompañado por congresistas y la ministra de Salud, el ex mandatario presentó el programa Quioscos Saludables. Y después de felicitar al Congreso por haber aprobado tan importante ley, dijo que la promulgaba por el bienestar de los niños del Perú (incluido el de sus pequeños hijos).

Sabiendo muy bien lo que se le venía, Humala se dirigió a la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas diciéndoles que no tomaran la ley como un intento de quitarles el mercado, diciendo que “no podemos pensar que nuestros hijos son un mercado para generar ventas y masificar utilidades, incluso sacrificando la calidad del producto”.

La ley fue muy bien recibida por especialistas en salud pública y padres de familia. Sin embargo, abrió el eterno enfrentamiento entre aquellos que dicen que en cuestiones de salud pública (alimentación saludable, control del tabaquismo, control de armas de fuego, etc.) el Estado no debe intervenir y que todo depende de la educación en la casa y la libertad de elegir de los ciudadanos, y aquellos que defienden las regulaciones como un modo de proteger a los más vulnerables de la sociedad.

Además de ser rechazada por la industria de alimentos procesados y de bebidas azucaradas, la ley fue criticada por los medios de comunicación, pues, al imponer regulaciones en el modo en que se hace la publicidad de alimentos procesados y bebidas azucaradas, se argumentaba que se atentaba contra la libertad de expresión.

Después de entenderse que la ley no iba en contra de la libertad de expresión ni de la creatividad de los publicistas, el debate se centró en la cantidad de grasas, azúcar, sal y grasas trans que debían tener los productos para ser considerados saludables.

La ley original establecía que esos parámetros debían tomar en cuenta las estrictas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) –las mismas que ha implementado Chile–. Pero por razones nunca aclaradas, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el reglamento de la ley el 24 de abril del 2014, cambiando los estrictos parámetros de la OMS por otros mucho más laxos. Y ahí quedó la cosa estancada, pues, como sabemos, al no tener un reglamento, una ley es inservible.

Ya en esta columna habíamos mencionado varias veces que no se entendía cómo una ley promulgada con tanta fanfarria por el propio presidente de la República había quedado durmiendo el sueño de los justos en algún lugar de la burocracia estatal. En ese sentido, varias voces pedían a Humala que no se fuera de Palacio sin publicar el reglamento de la ley.

Cuando ya se habían perdido las esperanzas, durante la última semana del gobierno anterior se han producido tres importantes hechos dirigidos a proteger la alimentación saludable de niños y adolescentes en el Perú.

En primer lugar, el pasado sábado 23 de julio se publicó en “El Peruano” el Decreto Supremo 027-2016-SA, en el que se dispone que el Minsa actualice periódicamente un listado informativo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que tengan alto contenido en azúcar, sodio y grasas saturadas, según los parámetros técnicos puestos al día hace un año por el propio Minsa. Además, indica que el listado será difundido por el Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad del Instituto Nacional de Salud. Obviamente, la industria ya ha bautizado la nómina como la lista negra.

En segundo lugar, el Minsa, mediante Resolución 524-Minsa –publicada el lunes 25 de julio–, ordena a su oficina de comunicaciones que publique en su portal institucional el esperado reglamento de la Ley 30021, y dé un plazo de 90 días para que el público haga sus comentarios y se proceda a la implementación de la norma.

En tercer lugar, y ese mismo día, se publica el Decreto Supremo 033-2016-SA, por el cual se aprueba el reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente.

Es decir, en su última semana en el poder, el presidente y su ministro de Salud hicieron lo que debieron hacer desde hace mucho tiempo: proteger la salud de los niños y adolescentes del Perú a través de una alimentación saludable. Sin duda es una acción en el sentido correcto, pero uno no deja de preguntarse: “¿Por qué lo hicieron a última hora?”.

Ahora viene la prueba de fuego para la flamante ministra de Salud, la doctora Patricia García. ¿Cómo tomará los comentarios públicos que se reciban en los próximos meses acerca del reglamento de la ley? ¿Cómo tomará la presión de la industria para que no se haga nada? ¿Intervendrá en este debate el presidente Pedro Pablo Kuczynski, conocido por su inclinación pro industria, incluida la industria del tabaco? ¿Cómo tomará la nueva ministra la presión del presidente?

Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto la salud nutricional de millones de niños y adolescentes peruanos queda todavía en el limbo.