Esta semana se ha iniciado un muy interesante debate en el que se mezclan varios elementos sensibles: el terrorismo, la seguridad de un país y la –hasta ahora– firme posición de una empresa con respecto a la protección de los datos de sus usuarios.

El tema va así: en diciembre pasado, en San Bernardino (California, EE.UU.) una pareja de esposos disparó contra sus compañeros de trabajo y mató a 14 personas. Los atacantes Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, presuntos seguidores del Estado Islámico, fueron abatidos por la policía mientras huían. En el vehículo de Farook se encontró un iPhone.

Esta semana, una jueza ordenó a Apple ayudar al FBI a desbloquear el teléfono en cuestión para acceder a su información. El CEO de Apple, Tim Cook, escribió una carta abierta en la que se niega a la orden. Dice que sería una decisión “sin precedentes” y que “amenaza la seguridad” de sus clientes, con “implicaciones que van mucho más allá del marco legal de este caso”.

Otras gigantes tecnológicas como Google y WhatsApp apoyaron, a través de sus CEO, la posición de la empresa fundada por Steve Jobs. Ahora el Departamento de Justicia ha pedido una orden judicial para obligar a Apple.

El debate planteado es muy interesante. ¿Se debe crear una herramienta para quebrantar la medida de seguridad del teléfono? ¿Las empresas deben proteger sin miramientos a todos sus usuarios, aunque sean criminales?¿Qué pasa si esa herramienta es usada de manera no adecuada o cae en manos de delincuentes? Para muchos, al ser un tema tan sensible como el terrorismo, los estadounidenses se pondrán en contra de Apple. Habrá que esperar.