La ONU pide más dureza para defender a la fauna salvaje del comercio ilegal

En el 2010, unos 7.500 elefantes fueron abatidos para arrebatarles sus colmillos de marfil; mientras que un gramo de cuerno de rinoceronte ha superado el valor de un gramo de cocaína o de oro

La ONU pide más dureza para defender a la fauna salvaje del comercio ilegal

Crímenes ambientales, como el comercio ilegal de colmillo de elefante y cuerno de rinoceronte, son delitos graves tan lucrativos y violentos como el narcotráfico, por lo que altos responsables de Naciones Unidas han solicitado penas más duras.

Carlos Drews, director del programa mundial de Especies del Fondo Mundial para la Naturaleza, advirtió que el comercio ilegal con fauna salvaje mueve más de 17.000 millones de dólares anuales.

“Son delitos graves que requieren sanciones más duras”, dijo ayer en Viena John Scanlon, secretario general de la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Especies Amenazadas, y explicó que el kilo de cuerno de rinoceronte se cotiza a unos 80.000 dólares, y los cazadores furtivos han abatido a unos 2.000 de esos animales en los últimos dos años, cuando sólo quedan alrededor de 25.000 ejemplares.

Los grupos criminales son atraídos por el dinero fácil y las bajas penas impuestas a este delito en muchos países. Además, almacenan grandes cantidades de marfil y cuerno de rinoceronte esperando que el valor aumente a medida que los especímenes se hagan más escasos.

También el comercio ilegal de madera protegida resulta lucrativo, sólo en el Este de Asia se mueven 17.000 millones de dólares en productos derivados.

DESAFÍOS
La mayor demanda de cuerno de rinoceronte proviene de Asia, donde es apreciado por sus supuestas propiedades medicinales, mientras que el marfil es una señal de estatus en muchos países de ese continente, por lo que uno de los desafíos es luchar contra la demanda y tratar de superar estas tradiciones.

En la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de la ONU, que se celebra hasta el viernes en Viena, se ha solicitado a los países definir los crímenes ambientales como “graves”, con penas de al menos cuatro años. Si todos los países equiparasen estos delitos en su legislación, se mejoraría la cooperación judicial internacional, algo clave para luchar contra las redes organizadas.