Gonzalo Carranza: Fuerza Popular y el mito de la colaboración

El Congreso ha aprobado tres despropósitos económicos y bloqueado otras iniciativas claves para acelerar la inversión

Gonzalo Carranza: Fuerza Popular y el mito de la colaboración

El Congreso de la República ha aprobado medidas en contra del programa económico del Gobierno. (Foto: Alonso Chero)

El voto de confianza al gabinete Zavala, la aprobación del presupuesto y la delegación de facultades delegadas para legislar al Ejecutivo son vistos como los hitos de un supuesto ánimo de colaboración de parte de la apabullante mayoría de Fuerza Popular en el Congreso, cuando de temas económicos sustanciales se trata. La lógica sería que las disputas políticas no interfieran con la sensatez económica. 

 

Pero la mentada colaboración -que han destacado a su turno voceros tanto de Fuerza Popular como del propio Ejecutivo- va pareciéndose cada vez más a un recuerdo lejano. 

Entre diciembre y mayo, el Congreso aprobó tres despropósitos económicos que han merecido observaciones del Gobierno, que de poco valdrán ante la posibilidad de una aprobación por insistencia. A saber: la incorporación a planilla de los trabajadores CAS de Essalud, la ley que sanciona la especulación y acaparamiento de bienes en caso de desastres y, esta semana, las modificaciones al régimen pensionario policial-militar.

Incluso la delegación de facultades parece, a estas alturas, un ejemplo bastante incompleto de la vocación concertadora. Para muestra, los casos de los decretos legislativos 1333 y 1308.

El primer decreto crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios (APIP), una ‘delivery unit’ adscrito a Pro Inversión con atribuciones especiales para agilizar el saneamiento y la expropiación de terrenos necesarios para avanzar con los proyectos de infraestructura. Una contraintuitiva alianza entre Fuerza Popular y el Frente Amplio le ha puesto sentencia de muerte a la norma, bajo el argumento de que atentaría contra el derecho a la consulta previa de las comunidades.  

El DL 1308, en tanto, crea el Fondo de Adelanto Social (FAS), una pieza clave en la estrategia del Ejecutivo para acelerar la inversión minera. No fue derogado, pero sí desnaturalizado: ahora las transferencias de recursos al FAS deberán ser aprobadas por el Congreso.

Pendientes de debatirse están otras dos normas claves: la ampliación de la meta del déficit fiscal y el subsidio de los aportes a Essalud de trabajadores de hasta 29 años para incentivar el empleo juvenil. ¿Qué versión de Fuerza Popular veremos en ambos debates?