Europa somete a España a dura vigilancia a cambio de ayuda económica

El gobierno de Mariano Rajoy firmó un Memorando de Entendimiento, documento que establece 32 condiciones impuestas por sus socios europeos

Europa somete a España a dura vigilancia a cambio de ayuda económica

La Unión Europea (UE) someterá a España a un estricto régimen de vigilancia y controles durante los próximos 18 meses a cambio de la ayuda que recibirá para recapitalizar la banca, con misiones trimestrales, una constante entrega de información y un control minucioso de las políticas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy.

España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea, según el Memorando de Entendimiento (DESCÁRGALO) que ha suscrito con sus socios europeos.

DINERO PARA LA BANCA
El préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear su banca conllevará principalmente condiciones para las entidades que requieran capital público y el sector financiero en su conjunto, pero también implica “en paralelo” una vigilancia estrecha y regular de los compromisos macroeconómicos.

Fuentes europeas han admitido que las condiciones para España fijadas en el memorando de entendimiento son “más duras de lo que se esperaba.

Así, durante los 18 meses en los que se entregará por tramos el préstamo a España, una suerte de “troika” —formada por altas autoridades europeas— verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones vinculadas al plan con “misiones” e informes por parte de España.

El FMI proporcionará asistencia técnica a la hora de implementar y supervisar la ayuda financiera y el Gobierno español tendrá que presentar a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación”.

REPORTE CONSTANTE
El Memorando incluye toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa, como datos semanales sobre depósitos bancarios y la situación de liquidez de las entidades y recuentos trimestrales sobre la exposición a la deuda soberana.

El Ministerio de Economía español perderá ciertos poderes: tendrá que transferir antes de final de año al Banco de España los poderes sancionadores y la capacidad de dar licencias bancarias, y debe “fortalecer más la independencia operativa” de esta entidad.

Asimismo, tendrá que identificar hasta finales de octubre “posibilidades para dar al Banco de España más poder para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes”.

El Gobierno tendrá que emprender también en los próximos meses una reforma de sus cajas de ahorros para que éstas terminen por dejar de controlar bancos comerciales.

Ya entre julio y agosto el Gobierno tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), con el fin de que la CE pueda aprobar los primeros antes de noviembre.

Mientras, un segundo grupo de entidades las no intervenidas tendrá que presentar los programas en octubre para recibir autorización en diciembre y los últimos los que trataran de sanearse por su cuenta en junio próximo.

MÁS EXIGENCIAS
La banca española tendrán que llegar al menos al 9 % de capital de máxima calidad y aquellas entidades que requieran ayuda tendrán que crear hasta noviembre sociedades de gestión de activos para separar los activos inmobiliarios, es decir un “banco malo”.

Si los bancos resultan no ser viables se liquidarán. Si tienen todavía posibilidades de ser salvados tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal, según se desprende del texto.

Las entidades que requieran ayuda pública no podrán repartir dividendos y tendrán que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración.

Los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada como son las preferentes tendrán que asumir una parte de las pérdidas para que el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas y por ende sobre el contribuyente.