Mafias de construcción civil elevan costos y desalientan inversiones

Actos de violencia e intimidación de delincuentes infiltrados en los sindicatos de construcción han generado fuertes "sobrecostos"

*Por Silvia Mendoza* Hace poco más de dos meses el centro comercial Plaza Norte, ubicado en Independencia, fue escenario de una cruenta balacera que dejó un obrero muerto y al menos ocho personas heridas, entre ellas uno de los policías que resguardaba la obra. Como si de una mala película de acción se tratase, dos bandos se enfrentaron con armas de guerra por el control de la construcción del centro comercial en el que la Corporación EW invierte US$500 millones. ¿Cuál es el afán por controlar una obra? Simple: echar mano a una fuente importante de dinero mal habido. Es decir, controlar el cobro de cupos y comisiones que se ven obligados a pagar los obreros y las empresas constructoras. Es que, contrariamente a lo que se cree, esos actos de violencia no son simples enfrentamientos entre obreros que se disputan un trabajo. (vea "aquí":http://e.elcomercio.pe/101/impresa/pdf/2009/08/03/ECIF030809d12.pdf una infografía con más detalles) Hechos como el mencionado se producen ahí donde se inicia una obra, ya sean viviendas o infraestructura, pues el desarrollo de la industria de la construcción ha llamado la atención de avezados delincuentes. Según Pedro Péndola, presidente del Comité de Edificaciones de Capeco, el número de fallecidos en estos incidentes (al menos ocho en lo que va del año) muestra que las constructoras están lidiando con mafias infiltradas en los sindicatos. “Aunque no se puede generalizar al gremio, es obvio que delincuentes que hace una década se dedicaban a secuestrar personas han encontrado una forma rápida y segura de obtener dinero”, comenta. El portavoz de una importante empresa constructora, que prefirió mantener su identidad en reserva, comentó a Día _1 que cada día crece el número de seudosindicatos que se organizan paralelamente a su filiación a la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) y CTP (Confederación de Trabajadores del Perú). Como es de suponer, estos grupos sui géneris, que se hacen llamar “comité de desocupados” o “pobladores de la zona”, siembran el terror entre empresarios, empleados y obreros del ramo. Según las compañías consultadas, estos grupos operan de forma más o menos similar: apenas una empresa se instala para iniciar una obra aparece un grupo de supuestos trabajadores para exigir su contratación. Si los pedidos no son atendidos por la empresa, regresan con refuerzos y armas de fuego con el objetivo de atacar la obra y paralizarla, pues saben que el incumplimiento del cronograma de trabajo expone a la constructora a multas. Con el fin de minimizar las pérdidas, la empresa se ve obligada a iniciar el diálogo con los supuestos dirigentes. Al inicio de la negociación, los pedidos usuales son: contratar de entre sus allegados al 50% del personal de la obra así como a un grupo especial de seguridad y colocar a los propios dirigentes como obreros fantasmas en las planillas. “Estos delincuentes han encontrado la forma de sacarle la vuelta a la legalidad, pues exigen estar en planilla con sueldos mucho más altos que un obrero promedio y como algunos se hacen pasar por agentes de seguridad portan armas”, nos dice otro empresario que por prevención mantiene el anonimato. El testimonio de Enrique Espinosa, director de Capeco, revela la magnitud del problema: “Innumerables veces paralizaron la ampliación del centro comercial Real Plaza en Chiclayo, exigiendo con amenazas colocar el 50% de los obreros. La situación era tan tensa que los residentes tenían que tener un chaleco para movilizarse dentro de la obra. Aunque tuvimos que negociar y cedimos en un 15% del personal, incumplimos los plazos, lo que se tradujo en pérdidas”. Pero si en lugar de ceder, la empresa extorsionada decide reforzar sus medidas de seguridad, el blanco de las amenazas vira hacia los empleados y los maestros de la obra y sus respectivas familias. “En estas circunstancias a la empresa no le queda otra salida”, comenta Lelio Balarezo, ex presidente de Capeco. *PÉRDIDAS TANGIBLES* Aunque los entrevistados coinciden en que los actos de violencia e intimidación descritos desalientan las inversiones en la construcción, no hay acuerdo respecto a cómo calcular las pérdidas porque las cifras dependen de la magnitud de la obra, su ubicación y la empresa a cargo. Si bien es fácil entender que las obras más grandes despierten mayores apetitos entre los grupos mafiosos ¿cómo se explica la variable ubicación? El empresario Carlos Li explica que hay zonas, como el Callao, en las que es prácticamente imposible construir por los niveles de violencia a los que llegan los seudosindicatos. Las cifras de la consultora Tinsa avalan tal afirmación, ya que en la Provincia Constitucional —a diferencia de Lima Metropolitana— el crecimiento de la oferta inmobiliaria es negativo. Escenario similar se da en las obras de infraestructura. “Hace unos años gané una licitación en Ventanilla, el día que iniciamos las obras aparecieron los desocupados, la población, los comités de obra. Al día siguiente tuve que abandonar la obra”, relata Li Carrillo. Los empresarios agregan que la situación de inseguridad es igual o peor en provincias como Chincha y Pisco, en el sur, y Chiclayo en el norte. El empresario chinchano Luis Manzur da cuenta de ello, pues la seguridad de toda su familia está en vilo desde que en enero del 2008 denunció la extorsión por S/.200.000 que recibió de parte del gremio de construcción de la zona. Marco Puga, gerente financiero de DH Mont, también da cuenta de los problemas en Chiclayo. Otro factor que decide el ataque de los malhechores es la empresa en sí, pues, al contrario de lo que se piensa, las más grandes suelen estar más expuestas a los ataques. Por ejemplo: la obra atacada en Plaza Norte estaba a cargo de Cosapi. Fuentes extraoficiales de Capeco confirman ataques a JJC Contratistas Generales, y Graña y Montero. Sin embargo, estas empresas no dieron su testimonio para este informe. Respecto a las pérdidas, Guido Valdivia, asesor de Capeco, es de la opinión de que por ahora no se puede hacer un cálculo extensivo a todo el sector. Sin embargo, añade que el gremio constructor ya ha iniciado un estudio para establecer una metodología que ayude a poner cifras a las pérdidas que sufre el sector. En cambio, Luis Manzur sí se atreve a dar una cifra a partir de su experiencia: “Estos delincuentes manejan los presupuestos de la obras y saben lo que atacan. Yo creo que el impacto mínimo es del 2% en el presupuesto”, asegura. Si la situación hasta aquí descrita es preocupante, si se confirma este cálculo caemos en cuenta de que este fenómeno se nos puede ir de las manos. “Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto porque mañana estos delincuentes extenderán sus tentáculos a otros sectores de la sociedad”, concluye Valdivia. *INICIATIVA PRIVADA* *La respuesta de GyM* Aunque la constructora Graña y Montero prefirió no dar su testimonio para este informe, reconoció que hasta el 2006 enfrentó problemas similares a los expuestos, al punto que hasta el momento ha tramitado unas 30 denuncias contra miembros de diferentes sindicatos. Sin embargo, GyM detalla que ha logrado “la paz laboral” en sus obras mediante el diálogo directo con las poblaciones de las zonas donde interviene. Así, evita el apoyo que suelen recibir algunos dirigentes de la construcción. “En lugar del 50% de los empleos de la obra, nosotros le ofrecemos a la población el 100%, sin cupos y además los capacitamos”, informó la empresa.


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