Pro Inversión tendría problemas con los proyectos priorizados por el Gobierno

Sin embargo, Cayetana Aljovín desestima riesgos y asegura la calidad de todos los proyectos que están en cartera de la institución

Por: *Silvia Mendoza* Durante una reciente presentación en la Cámara de Comercio de Lima, Cayetana Aljovín, directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), reconoció que la labor de esta institución es parte fundamental del plan de estímulo económico diseñado por el Gobierno para hacer frente a la crisis internacional. ¿La razón? El plan se basa en la ejecución de 64 proyectos de infraestructura "priorizados":http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/pro-inversion-preve-captar-capitales-us1200-mlls/20090304/253944 por el Gobierno, 12 de los cuales han pasado a ser parte de la cartera de Pro Inversión, que debe sacarlos a concurso en lo que resta del año. Si bien el primero ya fue adjudicado (la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada), aún quedan 11 proyectos de trascendencia para el país, que deben ser entregados en concesión, y que juntos asegurarían una inversión de US$1.200 millones. Si tomamos en cuenta que el estudio “Proyectos de obras de infraestructura”, realizado por el estudio Payet, Rey, Cauvi Abogados, encontró que, en promedio, los procesos de licitación demoraban 63 meses, resulta válido preguntarse si la agencia tendría el tiempo y los recursos para cumplir con éxito su labor, o si los procesos podrían correr algún riesgo por la premura impuesta por el propio Gobierno. Las dudas surgen además por la repercusión de dos procesos que han puesto en la mira de la opinión pública a la institución: el fracaso de la concesión del tren eléctrico y la impugnación de la adjudicación de la planta Taboada. *CRÍTICAS Y APUNTES* Los comentarios recibidos de los analistas están divididos. Sergio Bravo, decano de la Universidad ESÁN y director de Pro Inversión, afirma que la entidad está en la capacidad de lograrlo, pero va a ser necesario que retome el liderazgo de los procesos e imponga un ritmo más eficiente, pues hoy este lo ejercen los ministerios. A su entender, el tiempo ideal para un proceso debería ser de 12 a 14 meses. En ese sentido, considera que las normas emitidas por el Gobierno para acelerar los procesos a nivel sectorial, de los reguladores y de la Contraloría, son positivas. A su vez, Milagros Maraví, especialista en administración pública del estudio de abogados Rubio, Leguía y Normand, opina que la agencia está en la posibilidad de sacar adelante los procesos, pero en la medida en que no todos los proyectos están definidos (como es el caso de la IIRSA Centro y la irrigación Chavimochic III, que no tienen aprobados sus modelos de APP), es lógico pensar que algunos no verán la luz este año. Para el ex director ejecutivo de Pro Inversión, Luis Carlos Rodríguez, lo que se pueda lograr va a depender de los sectores públicos involucrados en cada proyecto. Por esto, resalta la importancia de sincerar los tiempos de los procesos en función a lo que espera obtener el Estado, pues “muchas veces se ajustan demasiado los cronogramas bajo la lógica de que así se va a acelerar el paso”. *DEFENSA Y ATAQUE* Pero Cayetana Aljovín, actual directora ejecutiva de Pro Inversión, sí es optimista con los plazos de los proyectos, pues considera que todos tienen avanzados sus estudios. “Si hubieran sido encargados recién en enero, podríamos decir que es un poco apurado”, comenta. Respecto a los tiempos, Aljovín responde que su equipo realiza un seguimiento diario de los 11 proyectos considerados prioritarios para no permitir ningún tipo de retraso. Los analistas también consideran que en los últimos años la institución perdió una parte de su mejor equipo humano y que por más entusiasmo que transmita la dirección, esta falencia podría jugar en contra de la celeridad de los procesos. “Tenemos gente muy calificada, comprometida con los proyectos. Algunos técnicos se integrarán en las próximas semanas”, responde la funcionaria. *¿PELIGROS LATENTES?* Otro riesgo que se puede correr al acelerar los plazos es dejar pasar algún proceso legal u operativo de los proyectos sin la debida supervisión. A esto debe añadirse que al tener solo nueve meses por delante para realizar su labor, Pro Inversión podría carecer del tiempo necesario para la promoción de los proyectos de infraestructura, lo que se reflejaría finalmente en la menor cantidad y calidad de los postores. Maraví considera que otro punto delicado a tomar en consideración está constituido por las expectativas de inversión, ya que en tiempos de crisis podría darse un desencuentro entre lo que prevé Pro Inversión y lo que los inversionistas están en la capacidad de ofrecer. “Sería muy malo para la imagen de la institución que algún concurso se declare desierto”, afirma. Pero esto tampoco preo-cupa a Aljovín. Según explica, por ningún motivo se va a relajar la calidad a cambio de la celeridad de los procesos. “Los monitoreos diarios también nos aseguran la calidad”, dice. Sobre la necesaria promoción de los 11 proyectos, considera que estos son bastante conocidos entre los inversionistas, lo que va a redundar en postores de nivel. La funcionaria además considera que, en un contexto de crisis, hay empresas que buscan proyectos de larga maduración con una alta rentabilidad. Así, puntualiza, el riesgo de tener procesos desiertos se diluye al apreciar las cifras del país y compararlas con las de la región: “Somos un refugio para las inversiones porque además tenemos grado de inversión, TLC y respetamos las reglas de juego, así como la seguridad jurídica”. Sin querer pecar de agoreros, los analistas estiman que Aljovín va a tener que hilar muy fino para que se concreten todas las potenciales inversiones, pues reconocen que su labor no es nada sencilla. Así las cosas, el comentario de consenso es que si la crisis arrecia, podremos darnos por bien servidos con al menos el 50% de los proyectos adjudicados.