Controversial decreto de urgencia corrige el Código de Consumo

La oposición cuestiona legalidad de norma aprobada por el Ejecutivo, que ha planteado que reguladores solo revisen contratos que estén dentro de su competencia

Por Marcela Mendoza Riofrío

“El fin es bueno, pero la forma no”, asegura Martín Zecenarro, gerente del área de servicios legales de KPMG, al calificar el Decreto de Urgencia 061-2010, que establece precisiones al recientemente promulgado Código de Consumo.

Tal como informó la semana pasada El Comercio, el Poder Ejecutivo publicó una modificación al artículo 66, apartado N° 7 del código, que establece que las aerolíneas podrán seguir emitiendo pasajes económicos (ofertas a precio menor que el ordinario) que sean intransferibles y no postergables.

Según Carolina Sáenz, abogada del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados, el decreto también precisa que los órganos reguladores solo tendrán que dar una aprobación administrativa a las cláusulas generales de contratación de los servicios públicos que estén sujetos a una regulación económica y no a todo tipo de servicio vinculado a sus sectores, como proponía el texto original del Código de Consumo.

Para Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, se estaría dejando que los servicios no regulados por el Estado, como por ejemplo la venta de pasajes aéreos o el servicio de Internet, no estén sujetos a una revisión previa y, por tanto, podrán incluir las cláusulas que deseen.

La lógica de la medida, no obstante, parecería consistir en que esa revisión se dé de forma posterior y que el encargado de hacerla sea el Indecopi.

LOS PASAJES
Respecto al tema de los pasajes, Zecenarro indica que la norma dictada por el Ejecutivo corrige un artículo del código que afectaba los costos de las aerolíneas y perjudicaba al usuario final, porque hacía inviable la emisión de pasajes económicos. “La precisión del Ejecutivo es favorable para los consumidores porque vamos a recuperar los pasajes baratos”, resalta.

No obstante, “el decreto de urgencia podría ser cuestionable porque su naturaleza no es extraordinaria, en la medida en que precisa disposiciones del Código de Consumo con carácter permanente. Sin embargo, se trata de una fórmula ya usada en otras ocasiones por el Ejecutivo. Lo adecuado habría sido emitir una norma [del Congreso] con rango de ley que modifique el Código de Consumo o, en todo caso, un decreto supremo que reglamente el tema para introducir las precisiones”, añade Ivo Gagliuffi Piercechi, del estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi.

Una opinión contraria tiene el abogado Enrique Cavero Safra, miembro del estudio Hernández & Cia. Abogados, quien asegura que la medida es constitucional, porque modifica una norma con rango de ley en materia económica y salva una inconstitucionalidad que existía en el texto original del Código de Consumo.

QUIEREN DEROGATORIA
Quienes ya habían advertido su desacuerdo con la modificación de la ley porque la consideraban inconstitucional eran los congresistas que participaron en la redacción del código. Ellos, según se supo, procedieron ayer a elaborar una ley con la intención de derogar el D.U. 061-2010.

El congresista Yonhy Lescano dice haber recogido la firma de 12 legisladores de diferentes bancadas desde nacionalistas hasta fujimoristas y espera poder discutir el tema este jueves en el pleno del Congreso, frente a los ministros responsables de la norma. Además, precisa que iniciará una demanda de inconstitucionalidad contra dichas autoridades.

“Estamos ante una barbaridad jurídica, algo contrario a la Constitución, y es por eso que vamos a apoyar la moción de Lescano. Hay que poner coto a este abuso de los decretos de urgencia”, añade el congresista Daniel Abugattas.

En la Comisión de Defensa del Consumidor, según su presidente José Luna, también están preocupados por la norma y por eso están evaluando qué medidas tomar, en especial con respecto del artículo 54. De opinión parecida es la ex presidenta de la comisión y actual vicepresidenta del Congreso, Alda Lazo, quien considera que ya no se podrá dar una revisión previa a una gran parte del mercado de servicios públicos, como el cable y la telefonía móvil. “Ello significa un retroceso”, dijo.

Queda por verse si los congresistas opositores al cambio logran o no una mayoría en el Pleno para derogar el decreto cuestionado.

ALGUNAS PRECISIONES
El artículo 66, inciso 7, del Código de Consumo establece que los consumidores pueden postergar o transferir a otra persona el pasaje con 24 horas de anticipación.

Las aerolíneas,con el respaldo del MTC, denunciaron que la norma afecta al 40% de los pasajeros nacionales que utilizan tarifas económicas, porque este tipo de ofertas solo era viable si el pasaje era intransferible e impostergable. La postergación siempre fue posible, pero en pasajes más caros.

En el sector aerocomercial, según Aspec, una aerolínea domina más del 70% del mercado y sus tarifas ordinarias, sin descuento, están entre las más elevadas de la región.