¿Hacen bien las mineras en comprar la tierra de las comunidades donde operan?

Empresas prefieren adquirir terrenos y evitar futuros líos, pero esta no siempre es la mejor opción para los propietarios

¿Hacen bien las mineras en comprar la tierra de las comunidades donde operan?

ROXABEL RAMÓN

Si usted tuviera como único patrimonio una chacra en algún lejano paraje altoandino y si solo supiera cultivar esa chacra, ¿cómo recibiría la propuesta de una empresa minera de comprarle su terrenito? Tome en cuenta que si tercamente usted se negase a cederle su superficie por las buenas a la compañía, entonces el Estado podría obligarlo a hacerlo por las malas, bajo la ley de servidumbre y en nombre del beneficio de todos los peruanos.

Entonces, dado que usted no quiere que lo acusen de egoísta o antiperuano, y ya que todavía tiene usted la chaquitaqlla por el mango para negociar con la empresa, ¿qué contrapropuestas le haría si esta le ofreciera unos cuantos soles por metro cuadrado? Piénselo con calma. Este podría ser el mejor negocio de su vida. O podría ser el más desastroso.

No se angustie si no obtuvo ideas claras. Ya sea que esté usted en una puna solitaria (poco probable) o en una ciudad (más probable), siempre puede ser asesorado. Por ejemplo, por José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS): “Las mineras tradicionalmente han preferido comprar las tierras, pero la venta no es la única opción para el propietario. También puede darla en alquiler, en permuta o incluso puede solicitar ser accionista de la minera [con el terreno superficial como valioso activo]”.

Esta última opción aún soporta el rechazo en general del sector minero. De hecho, existe un solo caso en el país. Se trata de la minera Kuri Kullu (subsidiaria de IRL), que ha otorgado el 5% de sus acciones a la comunidad de Ollachea, en Puno.

GANAR-GANAR
Respecto de la venta, López detalla que en los últimos cinco años, junto con el incremento del precio de los metales, ha aumentado notoriamente el valor de las tierras agrícolas aledañas a minas en operación (donde habría reservas probables). “En los años 90 algunas empresas pagaron S/.3 por hectárea en tierras de puna. Ahora, campesinos y comunidades han levantado su capacidad de negociación. En el otro extremo, en sitios próximos a Yanacocha, donde la propiedad es más individual que comunal, la hectárea de chacra ha llegado a costar US$15 mil”, comenta López Follegatti.

Respecto del alquiler, explica que es más saludable para las comunidades y campesinos no despojarse de su tierra. “Algunas comunidades ya se niegan a vender. Solo alquilan. Por ejemplo, Buenaventura ha alquilado tierras para su proyecto Trapiche, en Mollebamba [Apurímac]. El trato es de pago mensual por toda la vida de la mina, y si sube el precio del recurso explotado, se paga más. Aparte negociaron participación en las utilidades”, cuenta López.

“No me parece adecuado. Ellos solo son dueños de la superficie. Y una cosa es el valor superficial de la tierra y otra muy distinta es el derecho a los bienes del subsuelo”, opina el actual vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y vicepresidente de Newmont Latinoamérica, Carlos Santa Cruz. “En ese caso, si la rentabilidad bajase, se debería pagar menos a los propietarios”, objeta el minero y reitera que comprar los terrenos sigue siendo lo más sensato.

Consultado sobre un contrato similar sobre una venta que se paga en plazos (que suba la cuota si aumentan las ganancias), José Miguel Morales, presidente del Comité del Oro, dijo: “Primero, sí se le debe pagar a una comunidad a plazos porque de otra forma se gastan el dinero y luego vienen a pedir más. Ahora, eso de aumentar las cuotas, no. Si se dispara el precio del oro, ese ya no es asunto de la comunidad, pues esta ya vendió sus tierras. El aumento en la renta va directamente al Estado, a través de las regalías”, zanjó.

Cabe recordar que ciertos anticuerpos que se generó Yanacocha desde el inicio de sus operaciones en Cajamarca fue por haber adquirido más de 10 mil hectáreas de tierras superficiales de modo disperso, pagando entre US$100 y US$600 por hectárea, entre 1992 y 1999.

Hoy, que el precio del oro se ha multiplicado por seis en la última década, muchos ex propietarios sienten que ‘malbaratearon’ sus tierras.

PENSAR A LARGO PLAZO
“Yo no creo que lo de Kuri Kullu en Puno sea sostenible en otras zonas. Creo que un trato justo sería una permuta: ofrecer un traslado beneficioso”, concluyó Morales.

Sobre traslados, resulta interesante mirar los acuerdos entre Xstrata Copper y Las Bambas (Apurímac), que, además de ser reubicado en un sitio adecuado, hizo que 3% de la inversión (US$45 millones) vaya a un fondo social para obras.

Hay muchas otras opciones (y fórmulas por crear) para mejorar una negociación por uso de tierras, a fin de evitar frustraciones o resentimientos que desencadenen más conflictos. La clave está en que cada población involucrada identifique los beneficios de largo plazo que requiere para su bienestar.

Por ejemplo, el problema de la empleabilidad (una empresa extractiva no siempre puede emplear a toda la población) se ha superado en varios sitios con la creación de microempresas comunales para servicios a la minera. La contratación y exclusividad de estas también se negocia como contraparte de la cesión de tierras. “Pero, ojo, aquí el Estado tiene que prever qué pasará con ellas una vez que termine la explotación”, advierte López.

LA AUTORREGULACIÓN
El abogado Jorge Avendaño, especialista en propiedad, opina que en conflictos mineros “hemos llegado a una situación en la cual lo legal ya no es lo fundamental, pues frente a una protesta como la de Conga, el Estado prefiere que las partes negocien antes que aplicar la ley”.

“Y en cuanto a transacciones de terrenos para la minería, el Estado no puede regular que una minera adquiera terrenos comunitarios de forma transparente. Ante esta imposibilidad de intervención, aparecen las protestas sociales como una especie de autorregulación”, reflexiona Avendaño.