¿Qué dudas debe absolver el Tribunal Constitucional sobre bonos agrarios?

El Ejecutivo solicitaría una aclaración al TC. Faltan esclarecer las tasas que se utilizarán para calcular el valor de estos papeles

¿Qué dudas debe absolver el Tribunal Constitucional sobre bonos agrarios?

ALVARO GASTAÑADUI

Un cable de Reuters, que cita a fuentes del Poder Ejecutivo, señala que el gobierno de Ollanta Humala pedirá una serie de aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) en torno a la resolución que le ordena la cancelación de los bonos de la reforma agraria en un plazo de ocho años, luego de que defina el mecanismo de pago y el valor de los títulos.

Una de las principales dudas surge porque el fallo ordena reajustar el valor de estos papeles según su valor inicial en dólares y señala que a este se le deberá agregar un interés similar al de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Sin embargo, no aclara cómo se calculará esa tasa que varía dependiendo de las condiciones del mercado y qué pasará con los intereses que reconocen los propios bonos de la reforma agraria.

Efectivamente, los bonos emitidos por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fueron de tres tipos: a 20, 25 y 30 años, con un interés anual de 4%, 5% y 6%, respectivamente.

En ese sentido, tendrá que explicar qué sucederá si el cálculo del rendimiento de los bonos estadounidenses resulta menor al establecido por el propio Gobierno. Además, le correspondería esclarecer por qué prefirió una tasa de interés que podría resultar perjudicial para el interesado que recurrió al TC precisamente para que reconociera sus derechos.

PLAZOS VENCIDOS
También deberá justificar cómo operarían los plazos de prescripción establecidos para los bonos, que perdían todo valor si no eran cobrados por sus titulares 10 años después de su vencimiento. Como se recuerda, para interrumpir ese plazo, muchos bonistas demandaron al Gobierno ante el Poder Judicial.

Como se sabe, el Gobierno emitió 15 mil millones de soles oro en bonos de la Reforma Agraria como parte de pago de las 9 millones de hectáreas que fueron expropiadas en todo el Perú. Según cálculos no oficiales, el valor actual del monto total de esta deuda del Estado fluctuaría entre los US$1.300 millones y los US$2.800 millones.