Telefónica tiene menos de cuatro años para desarrollar inversiones pactadas

Analistas temen que servicios gratuitos o subvencionados para los pobres afecten el dinamismo del sector

Telefónica tiene menos de cuatro años para desarrollar inversiones pactadas

MARCELA MENDOZA R.

Los compromisos asumidos por Telefónica frente al Estado peruano como parte de la renovación de las licencias de telefonía móvil deberán ser implementados antes del 2018.

Así lo informó el operador, que aclaró que cada una de las exigencias de conectividad para las poblaciones de escasos recursos acordadas tienen sus propios plazos, pero no exceden un máximo de 48 meses.

La adenda al contrato vencido, añadió el operador español, especifica que los servicios gratuitos o a mitad de precio (tarifa social) deberán ser ofrecidos durante los 18 años y 10 meses que durará la concesión. Sin embargo, la mayoría de ellos recién empezará a estar disponible entre dos y cuatro años después de firmado el documento.

Las obligaciones de servicios públicos pactadas para lograr la inclusión social en Iquitos, aclaró el operador, serán las primeras en completarse porque deberán estar operativas al cumplirse 12 meses de firmada la adenda. Las conexiones gratuitas de Internet en las otras provincias tendrán que estar listas en más del 70% de los casos antes de finalizar los primeros 24 meses.

En este momento, aclararon desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las adendas no han sido firmadas, pero ya hay una aceptación formal de las mismas por ambas partes.

Antes de la firma se seguirá un trámite administrativo que incluye publicar en “El Peruano” una autorización sobre el particular vía resolución ministerial, lo cual puede demorar algunos días.

CALIDAD DEL SERVICIO
Como parte de las condiciones exigidas para renovar la licencia, no se ha incluido ninguna cláusula en la que se hable de incrementar o mejorar la calidad del servicio en las zonas en las que ya se cuenta con telefonía móvil.

El ministro Paredes aseguró que esto se exigirá a todos los operadores a través de nuevas normas en las que Osiptel establecerá unos mínimos de calidad de obligatorio cumplimiento.

Sin embargo, esta promesa no fue satisfactoria para las asociaciones de consumidores. Crisólogo Cáceres, director de Aspec, aseguró que es incompresible que en la negociación no se haya abordado el aspecto “cualitativo”, es decir, la calidad del servicio que se brindará a los usuarios actuales. “No comprendemos ese proceder. Era una ocasión excepcional que se ha dejado pasar”, resaltó.

En la asociación, añadió Cáceres, les llegan al año cerca de 250 reclamos sobre temas diversos referidos al suministro deficiente de información, publicidad engañosa, atención inadecuada, promesas incumplidas o cobros indebidos que bien podrían disminuir si se aprovechaba para incrementar las exigencias a Telefónica.

Similar opinión tuvo la asociación Conacup, que aseguró que se habrían logrado mejoras en las condiciones del servicio si se hubiera recurrido a una licitación pública y que ahora solo restaba pedir un fortalecimiento del Osiptel para que fiscalice mejor el servicio que brinda Telefónica.

En la actualidad el 11% de las quejas que se presentan en el Osiptel, informó el regulador, es por problemas de calidad, casi el doble de lo que existía en el 2007.

Lograr mejorar estos indicadores, aclaró Liliana Ruiz, presidenta de Alterna Perú, es responsabilidad de la labor fiscalizadora del Osiptel y no es algo que se pueda exigir solo a un operador. A su entender se hubiera generado una distorsión en el mercado si se incluía este tema en la citada adenda.