Edición impresa

  • Imprimir página
  • E-mail
  • Aumentar texto
  • Disminuir texto
  • Favoritos
  • Mr. Wong
  • Delicious
  • Menéame
  • Google
  • Facebook

Los poderes del Estado vs. el poder del narcotráfico

Por: Juan Paredes Castro |

La forma como actúan el Ministerio Público y la administración de justicia contra la fiscal Luz Loayza, amenazada de muerte por sicarios del narcotráfico, marca por primera vez la mayor alerta roja sobre el papel de los poderes del Estado frente a las mafias criminales.

¿Es pura coincidencia que el hábeas corpus presentado por Loayza en defensa de su derecho a la vida haya sido rechazado por una jueza de primera instancia tan rápidamente como la titular del Ministerio Público y la Junta de Fiscales Supremos conminaron a la magistrada a retornar a Maynas, lugar donde corre peligro su integridad física?

¿Había necesidad de que la Junta de Fiscales Supremos saliera a zanjar un trámite de traslado de una fiscal provincial?

Ya no viene al caso abundar en indagaciones y análisis sobre qué pesa más para el Ministerio Público: si la obediencia jerárquica que le exige a Loayza, sin importar cuánto ponga en riesgo su vida, o si la impunidad que busca otorgar, directa o indirectamente, a quienes son investigados por la fiscal y que podrían beneficiarse con su silencio, a manos de un sicario.

Al margen de algunas cuestiones administrativas y funcionales que Loayza tenga que responder ante el Ministerio Público, ya sea por deber u obligación, no deja de ser sospechosa la concertación de un sector de la judicatura en contra suya y, consiguientemente, en lo que constituye un efecto inexplicable en beneficio de Fernando Zevallos, a quien la fiscal hoy amenazada enviara a la cárcel.

Si lo que vamos a tener a partir de ahora en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) son manifestaciones expresas de debilidad en las investigaciones y juzgamientos relacionados con el narcotráfico, estaremos cada vez más cerca del acrecentamiento de la impunidad del crimen organizado.

De nada valdrá el compromiso del Gobierno por una clara y definida política antinarcóticos, incluidas las nuevas potenciales iniciativas de la Policía Nacional, en tanto poderes públicos importantes como el fiscal y judicial, y de control como el CNM, cedan posiciones funcionales de primer orden a las más diversas formas de presión de las mafias criminales.

La suerte de la fiscal Loayza representa el retrato clamoroso de un país que tiene que negarse a convivir con la violencia del narcotráfico y del terrorismo y con el chantaje permanente de la ineficiencia y la corrupción, lo que significa invertir en una voluntad política de cambio extraordinario en las altas esferas del poder.

¿Podremos realmente aspirar a esa inversión en voluntad política, suficiente, por ejemplo, como para que una fiscal de la Nación responda ante el Congreso?

  • Imprimir página
  • E-mail
  • Aumentar texto
  • Disminuir texto
  • Favoritos
  • Mr. Wong
  • Delicious
  • Menéame
  • Google
  • Facebook