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¿PARA MIS AMIGOS TODO, PARA MIS ENEMIGOS LA LEY?

El Apra y el Caso Romero

Por David Lovatón Palacios. Director de Ideele

La presentación del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, y del consejero Aníbal Torres, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder sobre el escandaloso cambio de opinión del CNM en el caso del vocal Ángel Romero, muestra, con descarnada nitidez, el doble estándar del Apra frente a la corrupción: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.

Tal como informó la prensa, los legisladores apristas recurrieron a las estratagemas más inverosímiles para evitar que su protegido, el doctor Peláez Bardales, y su acusador, el doctor Aníbal Torres, ni siquiera declaren ante tal comisión parlamentaria.

Nuestras discrepancias con Mauricio Mulder, Javier Velásquez y Aurelio Pastor no nos impiden reconocer que son experimentados parlamentarios. Por ello, ofende nuestra inteligencia --y la de ellos-- que hayan pretendido frustrar la función fiscalizadora del Parlamento con argumentos tan sofistas como este: "Si los parlamentarios, que tenemos prerrogativa, no tenemos que dar justificación alguna de nuestros votos, los integrantes del CNM tampoco. Ellos no tienen por qué explicarle a nadie el contenido de sus votos... Me parece que debemos levantar la sesión ahora que ya hemos escuchado al presidente del CNM" (Mauricio Mulder).

Este argumento es falso y mentiroso: la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y los informes de la Defensoría del Pueblo han consagrado el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, en virtud del cual toda autoridad está obligada a rendir cuenta de sus actos y a ajustar su conducta al orden constitucional.

Esa es la razón por la cual la Constitución prevé la acusación constitucional en su artículo 99 que comprende, entre otros, "a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura". Por lo demás, es un principio que el Estado, y el propio CNM, han reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando aceptaron suscribir un acuerdo de solución amistosa con los magistrados que fueron no ratificados sin motivación alguna. Es el mismo principio constitucional que permite que los legisladores apristas fiscalicen a las autoridades que no son compañeros, como la ex ministra del Interior Pilar Mazzetti o los ex magistrados del TC (en el Caso Fonavi).

Pero si de compañeros se trata, la acción fiscalizadora del Apra de-saparece y cede a un blindaje de vergonzosa impunidad: la clamorosa ineptitud del ministro del Interior, Luis Alva Castro, no lo ha movido del cargo, a la congresista aprista Tula Benites trataron de salvarla hasta el final, y ahora, al consejero Peláez Bardales lo pretenden blindar, a pesar de que favoreció a un vocal, Ángel Romero, que el propio presidente de la República, en la ceremonia de inicio del año judicial 2007, acusó y vapuleó públicamente por sus ilegales sentencias en perjuicio del BCR.

Peláez Bardales es de filiación aprista, y no tiene nada de malo que lo sea; lo malo es que esa afinidad pretenda ser usada para evitar la fiscalización parlamentaria, propiciando así la impunidad en un caso tan escandaloso como este en el que dos consejeros del CNM --Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas-- sin justificación cambiaron su voto para salvar al vocal Ángel Romero de la destitución.

Estamos advertidos de la 'lucha' del Apra contra la corrupción: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. El consejero Peláez Bardales tuvo la oportunidad de seguir la senda de apristas honestos en la función pública, pero ha preferido seguir la senda del cuestionado vocal Romero y tirar por la borda la frágil legitimidad que el CNM había logrado construir con su anterior presidente Maximiliano Cárdenas.

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