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RINCÓN DEL AUTOR

¿Quién impide la reconciliación?

Por Hugo Guerra

Democrático lector, cuando se cumplen cinco años del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) necesitamos reducir la pasión política y dar paso a la reflexión serena:

Entre 1980 y el 2000 muchos peruanos no solo nos pronunciamos contra el terrorismo y la represión indiscriminada, sino que incluso terminamos siendo víctimas circunstanciales de la guerra contrasubversiva.

En lo personal, propuse constituir una comisión de la verdad desde Santiago de Chile, en octubre del 2000, en el marco de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. La intención era esclarecer lo ocurrido, pero bajo la premisa de un análisis imparcial y con mecanismos judiciales de perdón como se hizo en Sudáfrica para terminar con el Apartheid.

Bajo el toledismo, sin embargo, se constituyó una CVR cuya composición y método no fueron idóneos tanto por el claro sesgo izquierdista de sus integrantes, como por un método que no permitió cerrar las heridas. Pese a ello, algunos de buena fe rendimos testimonio, y otros aportaron su conocimiento para esclarecer honestamente los hechos.

El informe final, aunque valioso en algunas partes, incurre en inequidades de análisis y consolida la denuncia permanente sin fin únicamente contra los miembros de las fuerzas del orden legítimas del Estado, mientras explica de manera condescendiente a la subversión.

Tengo el mayor respeto por personalidades como Salomón Lerner Febres y repudio las amenazas que se esbozan contra él. Pero repudio igualmente la cacería de brujas permanente contra quienes combatieron honestamente la barbarie terrorista, como en el caso del rescate en la residencia del embajador japonés.

Es intolerable que las recomendaciones de la CVR se pretendan vinculantes y sean usadas por la nueva izquierda extremista para desestabilizar a nuestras FF.AA. Por eso coincido con el ministro Ántero Flores-Aráoz y el general Edwin Donayre, respecto a que la institución castrense no puede ofrecer disculpa alguna. Rechazo, asimismo, que jueces incompetentes de la Corte Interamericana pretendan que la nación peruana se humille ante los terroristas genocidas.

Entre tanto, tampoco es permisible que se reabran mañosamente casos ya esclarecidos como el del sofocamiento de la rebelión senderista en El Frontón para jaquear al presidente Alan García y al vicepresidente Luis Giampietri, siguiendo el plan desestabilizador de pedir su revocatoria y dar paso al caos político.

En cuanto a las reparaciones, hubo graves errores no revisados, como financiar la patraña ya esclarecida de la falsa torturada Leonor La Rosa. Y alentar absurdas expectativas de más de 10 mil supuestas víctimas de la violencia es mantener las heridas abiertas y dar base política a quienes han hecho un negocio personal de la defensa de los derechos humanos.

Es cierto, finalmente, que algunos desaforados fujimoristas buscan provecho de esta crisis, pero no se confunda, buen lector: quienes oportunamente nos enfrentamos a la autocracia, hoy solo pretendemos la defensa del Estado constitucional y eso pasa por no dejarse amedrentar por la propaganda de los senderistas y emerretistas, quienes jamás se arrepintieron por sus crímenes de lesa humanidad.

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