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REPORTE MIDE LA CONVULSIÓN EN EL PAÍS HASTA EL 31 DE AGOSTO

Defensoría registra que pasamos de 76 a 161 conflictos sociales en un año

Entidad prepara plan de acciones que favorezca el diálogo ante crisis. Funcionario alerta que canon minero y revocatorias podrían hacer crecer cifras

Por Norka Peralta Liñán

El paro de las comunidades nativas, las demandas de los médicos y la violenta protesta de los estudiantes universitarios cusqueños por el incremento del precio de los pasajes son solo algunos de los 17 nuevos incidentes que la Defensoría del Pueblo ha sumado a su último reporte de conflictos sociales hasta el 31 de agosto.

A la fecha, según este informe, en el país hay 161 conflictos sociales: 113 se encuentran activos y 48 son latentes.

Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, refiere que llama la atención que los nuevos conflictos se incrementen significativamente mes a mes. Si antes se reportaban de tres a cuatro casos por mes, últimamente se vienen registrando entre 15 a 17.

Es más, en agosto del 2007 eran 76 los conflictos reconocidos.

Para Luque, ese crecimiento va de la mano con la falta de capacidades para solucionar situaciones conflictivas desde las diversas instancias de gobierno (central, regional, provincial y distrital) y también por parte de las organizaciones sociales y las empresas.

El control del conflicto empieza con el diálogo, refiere el funcionario; sin embargo, de los actuales 161 conflictos solo 43 tienen diálogos en marcha. En la mayoría de los otros casos los procesos de negociación se dan de manera irregular.

La Defensoría del Pueblo trabaja en un plan de acciones en conflictos sociales que en unos 45 días será presentado al Ejecutivo, en el cual se propondrá establecer espacios y mecanismos de diálogo antes y después del conflicto. Dichos espacios tendrán como fin proveer información previa a los demandantes por parte de los demandados. "El diálogo y la información son importantes para la contención de la violencia en las calles", sostiene Luque.

El nuevo plan propone el dictado de talleres para desarrollar capacidades de manejo de un conflicto, en los cuales se incluirán charlas para los gobiernos regionales, las organizaciones sociales y el personal de las empresas mineras.

Los primeros gobiernos regionales que recibirían capacitación serán los de Áncash, Cajamarca, Moquegua y Piura.

CANON Y REVOCATORIOS
Coincidentemente, en los tres primeros departamentos señalados se han agudizado los conflictos socioambientales, es decir, aquellos que se generan a raíz de la actividad minera e hidroenergética.

Estos llegan --según las cifras de la defensoría-- a 78 casos reportados a la fecha, lo que representa el 49% del total de 161 registrados.

Por lo general, dichos casos concentran el temor a la contaminación que podrían causar la minería o la explotación de hidrocarburos, aunque la defensoría también ha puesto la lupa sobre un aspecto vinculado a las actividades extractivas: el canon minero y de hidrocarburos.

Según el último reporte de la defensoría, hay nueve conflictos activos relacionados con la demanda de canon en Áncash, Huánuco, Lima, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Puno, Tacna, Moquegua, Cusco y Tumbes. El problema es potencial en Arequipa, Apurímac, Lima y Pasco.

Sobre estas demandas hemos informado a través de los despachos de nuestros corresponsales.

La defensoría llama la atención que el Congreso tiene mucho que decidir al respecto, pues desde el 2006 a la fecha se han presentado 35 proyectos de ley sobre canon, de los cuales 25 se encuentran en comisiones, siete en orden del día y tres con dictamen negativo.

Las próximas revocatorias de autoridades también serían fuente de nuevos conflictos, alerta Luque, quien recuerda que el 7 de diciembre serán sometidos a este proceso 242 alcaldes y 1.004 regidores.

Se teme que a raíz de estas revocatorias se dé paso al señalamiento de irregularidades, fraude, votos golondrinos y resistencia a aceptar los resultados, todo un cúmulo de hechos que podrían sumarse al reporte de convulsión social.

EN PUNTOS
4La Defensoría del Pueblo emite reportes mensuales de los conflictos sociales desde marzo del 2004. Desde esa fecha, se han registrado 239 conflictos, de los cuales el 56% ha sido resuelto.
4El principal mecanismo de solución ha sido la firma de actas de compromiso (en 51 casos). También se resolvieron por decisión de las partes y la aprobación de normas y resoluciones judiciales o administrativas.
4De los actuales 78 conflictos socioambientales, 58 se encuentran en estado activo y 20 son latentes. Con respecto a julio, se observa un incremento de cuatro casos.

DEL CONSULTOR
Siempre en la misma ventanilla*
La defensoría informa que casi la mitad de los conflictos en el país son socioambientales, que el 77% corresponde a la gran o mediana actividad y el 23% a la pequeña minería y minería artesanal. Y recuerda que "la actividad extractiva de gran y mediano tamaño es de competencia del Ejecutivo (Ministerio de Energía y Minas), mientras que la pequeña y artesanal, de los gobiernos regionales".

Es por ello que los líderes de la huelga moqueguana negociaron directamente con el primer ministro y las organizaciones indígenas de la Amazonía lo hicieron con la Presidencia del Congreso. La descentralización ha avanzado algo, pero modificar la legislación relativa a las tierras de las comunidades o cambiar la reglamentación de la Ley de Canon son decisiones que permanecen en manos de las autoridades centrales.

Mientras que decisiones clave que afectan la vida de la gente sigan estando en manos del Gobierno Central, la gente le demandará soluciones. Es por ello que la búsqueda del Gobierno de volver a centralizar funciones y recursos que debían ser traspasados a regiones y municipios es algo que puede estallarle en la cara, al reafirmarse como el pararrayos al que se dirigen todas las protestas.
* Carlos Monge. Investigador asociado de Desco

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