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EDITORIAL

Reactivación e inclusión: bases del plan Simon

Confirmada su presentación ante el Congreso para el próximo jueves, es importante que el jefe del Gabinete, Yehude Simon, haya adelantado lo que son las líneas principales de su filosofía de pensamiento, que en gran medida darán sustento doctrinario a su plan de trabajo.

Sus declaraciones en el sentido de que no habrá recortes presupuestales deben entenderse, entonces, como parte de un esquema doctrinal mayor orientado a consolidarnos como país viable, con desarrollo económico y activa inclusión social.

Ante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), Simon ha delineado los seis pilares de su gestión, el primero de los cuales es precisamente mantener el ritmo económico y el de la inversión pública. Detrás de ello hay un debate ideológico profundo, que en la práctica tendría que resolverse promoviendo el dinamismo del sector privado junto con la participación del Estado, por ejemplo en la reducción del grave déficit de infraestructura pública.

El segundo pilar es la profesionalización del Estado, con énfasis en las gerencias de mando medio. Subrayamos que la reforma del Estado debe ser retomada para subsanar errores recientes, como la reducción indiscriminada de sueldos, e insertar criterios de modernización, eficiencia, mérito y servicio al ciudadano.

El tercer pilar, la protección social frente a la crisis internacional, va en la línea de defender a los más perjudicados por la eventual recesión. El apoyo social, sin embargo, no tiene por qué limitarse al asistencialismo, sino orientarse a crear más empleo y acelerar la descentralización, como lo señala el cuarto pilar.

Para Simon, reducir la brecha social va de la mano con una profunda descentralización. En contraparte, parar la migración interna hacia Lima tendrá efectos positivos en la calidad de vida de sus residentes y en el crecimiento ordenado de la ciudad.

El quinto pilar, la paz social, es de clamorosa actualidad. Ante la irrupción de conflictos sociales y violentistas se exige una respuesta firme y acorde del Estado. Y no solo para canalizar las demandas justas a través de mecanismos de diálogo, sino también para denunciar a los grupos radicales y seudonacionalistas que pretenden desestabilizar el sistema democrático.

Finalmente, la lucha a muerte contra la corrupción es un objetivo especialmente sensible en estos momentos. Los escándalos recientes que involucran a personajes del oficialismo hacen severo daño a la democracia, a la moral pública y a la imagen del país como destino de inversiones, por lo que debe deslindarse responsabilidades y enjuiciar a los culpables. En cuanto a la transparencia del Estado, dos medidas que siguen haciéndose extrañar son la obligación de actualizar los portales web de las dependencias públicas y la implementación de Perú-Compras.

Es importante conocer la manera de pensar del jefe del Gabinete en la delicada coyuntura interna e internacional que nos afecta. Esperamos ahora que estos pilares sean asumidos por el Gobierno en su totalidad y tomen forma en un plan coherente que fortalezca el sistema democrático y la gobernabilidad con medidas efectivas de reactivación y lucha contra la pobreza.

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