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PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS

Una labor para la contraloría

Por Enrique Vásquez. Catedrático Universidad del Pacífico

En un contexto de desa-celeración hay que poner las baterías para que el Estado sea más eficiente, eficaz, equitativo y transparente. En este sentido, una de las instituciones que debe dar un salto cualitativo es la contraloría para que vaya más allá de descubrir, examinar y opinar sobre el uso de los recursos públicos.

Es cierto que la contraloría debería mejorar su accionar, a pesar de las limitaciones presupuestales, centrándose no solo en la revisión contable de la administración de recursos públicos, sino en algo más trascendente: facilitar la gestión por resultados.

Se entiende que la administración debería alcanzar determinados resultados que expresen mejorías. Mejor nivel de nutrición de los niños, del conocimiento de matemáticas y lenguaje, de la inclusión de los indígenas a servicios sociales básicos, de la inversión en infraestructura para la producción competitiva. Porque la gestión pública tiene como razón de ser respetar los derechos de las personas, debe precisar metas cuantitativas a la luz del logro de estos derechos. Solo así se hace tangible una democracia económica.

Cabe felicitar al Gobierno porque el presupuesto 2009 ha incrementado la porción de los recursos bajo el concepto de presupuesto por resultados. Lo ideal sería que para el 2009 el 50% del presupuesto se maneje bajo esta corriente, pero, entendemos que paso a paso se llega lejos. Sin embargo, cabe puntualizar que el presupuesto es únicamente un componente de la gestión por resultados. La gestión bajo este enfoque implica una cadena de eslabones: nuevos sistemas de identificación de beneficiarios, de provisión de bienes y servicios públicos costo-efectivos, así como sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación.

¿Cuánto se está avanzando? Percibimos que mucho en el campo del presupuesto, pero muy poco en el campo de la gestión por resultados. Aquí cabe resaltar que varias instituciones pueden jugar un papel facilitador para la re-creación del Estado. La Defensoría del Pueblo podría incrementar su acervo de conocimiento de la valoración económica de los derechos no protegidos y fortaleciendo a la ciudadanía en su papel de vigilante de sus derechos. Y Ceplan puntualizaría cómo las políticas de Estado conducirán y producirán los cambios en la calidad de vida. Muy importante: definir políticas de largo plazo para construir presupuestos multianuales.

En cuanto a la eficiencia de los recursos, la contraloría debe precisar estándares de costos promedios de actividades en la producción de bienes y servicios públicos a la luz de los logrados en otros países con altos niveles de competitividad. En cuanto a la eficacia, se necesita que alimente una cultura de gestión por resultados estableciendo sistemas de incentivos y penalidades. En lo que respecta a la equidad, se precisa que siga poniendo énfasis en su descentralización, pero sobre todo donde los recursos abundan (como el canon) y las necesidades insatisfechas son clamorosas (en los 5 departamentos de pobreza superior al 50%). Con relación a la transparencia es importante que se avive el interés del ciudadano para que acceda y use la información pública, a fin de presionar al Estado a que respete sus derechos a una vida mejor.

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