Edición impresa

  • Imprimir página
  • E-mail
  • Aumentar texto
  • Disminuir texto
  • Favoritos
  • Mr. Wong
  • Delicious
  • Menéame
  • Google
  • Facebook

EL PERÚ Y LA CONVENCIÓN DE MÉRIDA

Los derechos humanos y la lucha contra la corrupción

Por Nelly Calderón Navarro. Ex fiscal de la Nación

El mes de diciembre es muy significativo para la humanidad, pues recordamos no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que celebra su aniversario 60, sino también porque conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), en medio de una dinámica campaña denominada "Corruption your no counts", organizada por las Naciones Unidas, lo que demuestra la trascendencia de este tema para la comunidad internacional.

El contexto de esta importante iniciativa es que estamos en el tercer año de vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de fecha 14 de diciembre del 2005. Se trata de un instrumento fundamental para la lucha contra este mal endémico de la humanidad y la búsqueda que permita el desarrollo y bienestar de los pueblos. La Convención de Mérida --como también se le conoce en el ámbito internacional-- tiene finalidades preventivas, como son la creación de oficinas contra la corrupción, la transparencia de las campañas electorales y de los partidos políticos; asimismo, tiene objetivos de penalización, como en el caso del lavado de dinero u obstrucción a la justicia; y tiene un capítulo fundamental que es la recuperación de activos.

Durante mi gestión al frente del Ministerio Público, este tuvo una presencia sistemática en todo el proceso de la negociación del mencionado tratado, y obtuvimos resultados concretos con el apoyo de la representación permanente del Perú en Viena, uno de ellos fue la recuperación de fondos producto de actos de corrupción.

Hoy en día, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, conjuntamente con el Banco Mundial, unen esfuerzos sobre la base de las experiencias positivas. A través de iniciativas organizadas se han propuesto intensificar esfuerzos para crear mecanismos de prevención del lavado de dinero y de recuperación de activos de Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) a cometer estos hechos. En este ámbito, el trabajo del Perú ha sido reconocido.

Por tal razón, resulta fundamental continuar con la imagen de eficacia en la recuperación de activos, y resulta necesario implementar plenamente la Convención de Mérida en nuestro ordenamiento interno. Un tema que parece haber perdido fuerza en nuestra agenda nacional con la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción, con las escuchas ilegales de las conversaciones privadas, con la politización de las investigaciones, con el silencio del Plan Nacional contra la Corrupción, así como la ineficacia de las leyes en estos temas y concretamente la falta de un plan integral por parte del Estado.

Es verdad que los hechos ocurridos hace unos días en Estados Unidos con el caso del gobernador de Illinois servirán de consuelo a algunos, pero no podemos estar ajenos a un tema que impide el franco desarrollo que el país reclama en todos sus sectores y no solamente en unos cuantos privilegiados. Es el momento de fortalecer las instituciones y no olvidar que los derechos de la humanidad van de la mano con la lucha contra la corrupción.

  • Imprimir página
  • E-mail
  • Aumentar texto
  • Disminuir texto
  • Favoritos
  • Mr. Wong
  • Delicious
  • Menéame
  • Google
  • Facebook