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EL ABUSO DEL RECURSO DE AMPARO

La penalización de los conflictos

Por Jorge Avendaño V. Jurista

La crisis financiera mundial ha obligado a pensar en aspectos de la vida económica y política que parecían intocables. Países como Estados Unidos, Islandia, Alemania e Inglaterra, entre otros, han inyectado cuantiosos recursos de sus contribuyentes para salvar sus empresas financieras. Y no solo estas, sino también empresas industriales que ya tenían serios problemas desde antes de la crisis hipotecaria.

Con esto ha caído el mito de los ultraliberales de que el mercado lo arregla todo y que el sector público no debe incursionar en la actividad privada, sino limitarse a la prestación de los servicios esenciales (salud, educación, justicia, defensa, etc.).

La presencia de los entes reguladores es indispensable en las economías de mercado. La desregulación, propugnada en EE.UU. por algunos sectores, ha fracasado rotundamente. La intervención del Estado es necesaria en muchos campos, y más aun en el funcionamiento de las instituciones financieras por la incidencia que tienen en la economía, en el aparato productivo y, por consiguiente, en el empleo y el bienestar de los ciudadanos.

Últimamente estamos presenciando en nuestro país diversos tipos de intervención estatal y en varias clases de conflictos. Los hay cuando está de por medio el interés público y también cuando lo único en juego es el derecho de los particulares.

Ejemplo de lo primero es el caso del antiguo Banco Wiese, en el que me tocó participar profesionalmente y al cual ahora puedo referirme por ser un asunto terminado. No hubo intervención técnica previa ni proceso administrativo alguno de la entidad reguladora, la Superintendencia de Banca. Sin embargo, por el solo actuar de una comisión del Congreso --ciertamente inspirada en criterios políticos-- el Poder Judicial abrió a instancias de la fiscalía, un proceso penal por el llamado rescate financiero del banco en el que el Estado invirtió inicialmente US$300 millones en salvaguarda de sus depósitos y los de los ahorristas (en total más de US$2.000 millones). Sin base técnica que justificara esta intervención penal, al cabo de varios años de proceso contra funcionarios públicos de entonces y contra gestores del Banco Wiese, se han declarado inocentes a todos los denunciados porque no hubo prueba alguna de malversación. El Estado recuperó con creces el dinero que había invertido, los ahorristas también y el propio banco fue salvado y hoy opera con otro nombre bajo propiedad de personas distintas. El rescate, lejos de perjudicar al Estado, benefició a todos.

Pero hay otros casos de penalización de conflictos: es cuando lo que está en juego son intereses particulares, generalmente de carácter patrimonial. Es decir, imaginemos un juicio entre Pedro y Juan, eminentemente civil o comercial. Cada vez es más frecuente que Juan o Pedro, y a veces los dos, acompañen sus reclamaciones civiles con sendas denuncias penales, alegando la comisión de delitos. Lamentablemente, los fiscales y jueces no son lo suficientemente efectivos para desestimar de plano denuncias sin fundamento jurídico. Lo que se pretende con ellas es: intimidar a la parte contraria para forzarla a un acuerdo o en todo caso amilanarla de inicio con procesos penales que afectan su prestigio personal y que en ocasiones acompañan medidas accesorias, como el impedimento de salida del país.

Hace años se abusó del recurso de amparo y de las medidas cautelares para pretender dejar sin efecto incluso decisiones judiciales. Luego se recurrió al hábeas corpus por pretendida violación del debido proceso y ahora lo que va haciéndose costumbre es penalizar los conflictos. En un país donde no existen indemnizaciones disuasivas por el mal uso del sistema judicial, la situación es harto peligrosa.

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