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Mil casos de esterilizaciones forzadas siguen impunes mientras afectados claman justicia

7:39 | Desde el 2003 la fiscalía evalúa pero no denuncia 1.005 esterilizaciones. Alberto Fujimori alentaba el programa masivo de ligadura de trompas y de vasectomía

Por Nelly Luna

Cuando le ligaron las trompas el 24 de setiembre de 1997, Ligia Ríos

estaba embarazada, pero no lo sabía. Tenía 30 años, dos hijos.

Trabajaba. Vivía en El Agustino. Personal médico del entonces IPSS

llegó a su casa y le sugirió una "pequeña cirugía" para que no tuviera

más hijos. Ella accedió. Esos mismos médicos no descartaron su embarazo

y así la operaron. Un par de semanas después eliminó un coágulo. Había

abortado, le dijeron en el hospital Hipólito Unanue.

Entre 1996 y el 2003, el Ministerio Público recogió 1.005 casos de

mujeres y hombres a los que se les había ligado las trompas o hecho la

vasectomía vulnerando algunos de sus más elementales derechos. Se tiene

información de que 10 mujeres habrían muerto como consecuencia de esta

operación. En los testimonios --muchos de los cuales fueron

corroborados por el mismo personal médico-- las mujeres dijeron que las

amenazaron, que las engañaron (les dijeron que el método era

reversible), que les prometieron alimentos o que simplemente nunca les

consultaron. Muchas, incluso, firmaron la autorización después de la

intervención.

En el caso de Ligia Ríos se trataría de irresponsabilidad del

médico. El informe de Germán Málaga Rodríguez, médico asesor de la

Defensoría del Pueblo, concluyó: "Fue esterilizada a 30 días de su

última menstruación sin que se descartara la posibilidad de que

estuviera embarazada, a pesar de que la paciente no usaba métodos

anticonceptivos y era sexualmente activa".

Durante el segundo gobierno del hoy procesado Alberto Fujimori se

promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones

indígenas o de extrema pobreza. La llamaron Anticoncepción Quirúrgica

Voluntaria (AQV). En las ferias y campañas que se realizaban para

difundirlo no se ofrecía ningún otro método alternativo. Como si se

tratara de vacunas preventivas, los centros de salud imponían metas a

su personal para captar un número mínimo mensual de personas. "...(a

las enfermeras) las empezaron a amenazar, que si no traían mamás para

las ligaduras corrían peligro de ser despedidas", confesó una enfermera

de Pomata (Puno).

A pesar de estos indicios --y luego de cinco años de iniciada la

investigación-- el Ministerio Público aún no concluye la investigación

ni formula denuncia penal contra los responsables.

LOS RESPONSABLES
En las alturas cusqueñas de la

comunidad campesina de Huachacocha, en Anta, las mujeres dejaron de

jugar fútbol en el verano de 1997. "Tenían vergüenza, decían que les

habían operado, que tenían que descansar". La congresista Hilaria Supa

era entonces dirigente de la federación campesina de mujeres. "Si una

mujer no puede tener hijos es mal vista en las comunidades", dice.

En aquellos años, Hilaria Supa, con el apoyo de varias ONG y la

Defensoría del Pueblo, recogió muchas denuncias, las mismas que en el

2003 fueron recogidas en la investigación fiscal, a cargo de Rocío

Rojas, quien interrogó a víctimas y supuestos responsables en Cusco,

Piura y Cajamarca. Estas declaraciones forman parte de los 40 tomos del

expediente en curso. Pero la fiscal Rojas salió del Ministerio Público

en enero del 2007. Desde entonces, casi nada se ha avanzado.

La investigación está actualmente en manos del fiscal de Derechos

Humanos, Jaime Schwartz. Se supo que su despacho ha formado un equipo

de dos técnicos "para definir si el caso amerita o no la formulación de

una denuncia penal" y que "no realizará más diligencias porque con la

información que hay ya se puede tener una clara visión de los hechos",

dijo la fuente.

El fiscal estaría evaluando incluso tratar estos casos como

violaciones a los derechos humanos. Al respecto, María Esther Mogollón,

integrante en su momento de MAM Fundacional, dice: "Estos casos fueron

una clara violación a los derechos humanos. Lo que queremos es que de

una vez el fiscal concluya con el tema. Así podríamos saber qué hacer".

La abogada hace referencia al caso de Mamérita Mestanza, la mujer

que falleció como consecuencia de una ligadura de trompas. En su caso,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Gobierno Peruano

a investigar el tema, hallar responsables y pagar una reparación civil.

"Con este antecedente, las otras denuncias también podrían encontrar

eco en la CIDH", dice Mogollón.

Las responsabilidades irían más allá de los profesionales que las

amenazaron o engañaron. Durante la gestión de Luis Solari en el

Ministerio de Salud, en el 2001 se formó una comisión para evaluar los

casos (tuvo que esperarse la salida de Fujimori para dar paso a la

investigación).

La comisión entrevistó a los ex ministros de Salud Eduardo Yong,

Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico

personal de Fujimori, que tuvo en sus manos la cartera de Salud desde

1999 hasta noviembre del 2000, cuando cayó el régimen). Todos negaron

alguna responsabilidad.

Sin embargo, en el expediente de la fiscalía se encuentran los

testimonios de algunos directores regionales que confesaron que en dos

oportunidades se reunieron con Fujimori y sus ministros de Salud para

exponerles los logros de las campañas a favor de la ligadura de

trompas. En estas reuniones se sorteaban electrodomésticos y otros

premios.

El informe del Ministerio e Salud concluyó también que en algunas

regiones se presionó a los profesionales de la salud para el

cumplimiento obligatorio de las metas de operaciones trazadas. "Si no

se cumplían las metas, salía como déficit en la evaluación del

personal", confesó un médico a la comisión. Estos testimonios están

siendo analizados por el equipo técnico del fiscal. El dictamen deberá

estar listo en no más de 4 meses.

AL GRANO
- "Estos delitos son imprescriptibles"*
¿Por

qué cree que luego de tantos años aún no se formula la denuncia penal

contra los responsables de las esterilizaciones forzadas?
En

su momento se demoró por la complejidad del caso y el número de

entrevistas y viajes que teníamos que hacer a diferentes zonas del

país. Todo el día trabajábamos y viajábamos de noche. Fue un trabajo

bien duro. Pero yo salí en enero del 2007, después no sé qué ha pasado.

¿Hasta ese momento usted encontró indicios de irregularidades?
Sí.

Para empezar, las declaraciones de las agraviadas eran bastante

contundentes. Además, el mismo personal médico entrevistado confirmaba

las versiones de las agraviadas. Las madres habían sido coaccionadas

para operarse. Les decían que el Gobierno las iba a multar, que no iban

a recibir alimentos, que si tenían más de dos hijos iban a llevar

presos a sus maridos. Se mencionó que hacían eso porque de lo contrario

no iban a ser contratados.

Cuando usted investigó, ¿qué figura de delitos había?
Encajaban dentro de los delitos de lesa humanidad.

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron entre 1996 y 1997. ¿Podrían haber prescrito algunos de los delitos?
Los

delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Si bien los delitos se

juzgan de acuerdo con el Código Penal vigente cuando ocurrieron los

hechos, eso puede variar. Nuestro Código Penal en ese momento no

contemplaba los delitos por violación de derechos humanos, pero por

legislación internacional que el Perú ha suscrito, estos delitos se

podría acoger a los de lesa humanidad y no prescribir.

¿Se podrá determinar a los responsables de cada uno de los

casos? ¿Desde el médico que participó hasta los profesionales que

'captaron' a las madres?
La responsabilidad es muy grande. El caso es muy complejo. La responsabilidad tendrá que ser para cada uno de las afectadas.

Si el proceso se archiva en el Perú, ¿el caso podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Sí,

ya hay un antecedente con el caso de Mamérita Mestanza (la mujer que

murió luego de que le ligasen las trompas). En ese acuerdo el Perú se

comprometió a investigar este y otros casos.
* ROCÍO ROJAS. EX FISCAL DEL CASO

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