Allanan casa de hijos adoptivos de propietaria del grupo “Clarín”

Jueza ordenó obtener material genético de los descendientes de Ernestina Herrera de Noble, en el marco de la investigación que pretende esclarecer si ambos son hijos de desaparecidos durante la dictadura

La casa de Felipe y Marcela Noble, hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue allanada hoy por orden de la justicia argentina en el marco de una causa judicial que investiga si son hijos de desaparecidos durante la dictadura, informaron fuentes judiciales.

En el allanamiento, ordenado por la jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, los peritos tomaron prendas de los hermanos con el fin de obtener material genético para la causa iniciada por organismos humanitarios.

El procedimiento se hizo horas después de que Marcela y Felipe Noble, ambos de 34 años, comparecieran este viernes ante Arroyo Salgado, que les informó sobre la situación de la causa.

Durante la audiencia, ambos se negaron a someterse a extracciones de sangre para cotejar su ADN con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pertenecientes a familiares de desaparecidos en la última dictadura militar argentina (1976-1983), dijeron las fuentes.

También reiteraron su desconfianza sobre las “garantías” que ofrecen los análisis genéticos realizados en el banco de datos estatal, precisó el portal digital del diario Clarín.

VÍCTIMAS DE ACOSO
Los hermanos declararon en abril pasado sentirse “maltratados” y “presas” de los “ataques” del Gobierno de Cristina Fernández contra el diario argentino.

Felipe y Marcela Noble aludieron así a las duras críticas que recibe el grupo multimedia Clarín de parte del Gobierno y también de Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la mandataria Fernández, quienes dicen que es un “monopolio” y que manipula la información.

Subrayaron que “nunca” tuvieron “indicios” de que pudieran ser hijos de desaparecidos durante la dictadura y, sin embargo, aceptaron hacerse pruebas genéticas en la demanda de dos familias de víctimas de la represión política.

Se lamentaron además de que ambas familias exigieran que sus respectivos ADN se comparen con toda la base de datos genéticos de personas desaparecidas, como finalmente dictaminó la justicia al cabo de una larga batalla judicial con la asociación humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

Arroyo Salgado quedó a cargo de la causa después de que la Cámara Federal de San Martín aceptara meses atrás la recusación del anterior magistrado responsable de la investigación, Conrado Bergesio.