CIA reconoce error al derribar avioneta civil que sobrevolaba la selva peruana

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. afirmó que el programa contra el narcotráfico comprendido entre 1995 y el 2001 estuvo plagado de errores

Este es el video que se difundió sobre el ataque.

La CIA ha reconocido que derribó por error una avioneta en el Perú en el 2001, en la que murieron dos civiles, en el marco de una operación contra el narcotráfico que estuvo plagada de fallos y por la que 16 agentes recibieron penas administrativas.

El informe de 300 páginas, que realizó la oficina del Inspector General de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense el 25 de agosto del 2008, fue difundido bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su siglas en inglés), según informa hoy ‘The New York Times’.

VIOLACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS
El documento, publicado en su página web, revela que hubo “violaciones en los procedimientos” de los 15 derribos de aviones en los que participó la CIA bajo el programa de Bloqueo de Puente Aéreo (ABDP, por su sigla en inglés) entre 1995 y 2001.

Este programa de interceptación aérea empezó durante el mandato del presidente Bill Clinton en 1995 y estaba diseñado para detener el envío de cocaína semirefinada desde el Perú a Colombia, donde era procesada y luego enviada a EE.UU.

CASO FATAL
El programa se paralizó el 20 de abril de 2001 debido al error que llevó a EE.UU. a ordenar el derribo de una avioneta de una asociación evangélica que llevaba misioneros estadounidenses de Brasil a su base de operaciones en Iquitos.

En el derribo murieron la misionera Veronica Bowers y su hija, Charity, además el piloto Kevin Donaldson resultó gravemente herido. En la avioneta también viajaban el marido de Bowers y su hijo, que no resultaron heridos.

IRREGULARIDADES
Entre las irregularidades detectadas el informe señala que hubo una falta de identificación de que se trataba de una avioneta con droga, fallos en la cadena de comunicación en los mandos y afirma que no se produjeron los disparos obligatorios de advertencia y se procedió al derribo sin dejar el tiempo prudencial que exige el reglamento.

Además, “la CIA no cumplió con su obligación legal de mantener completamente informado al Congreso y al Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) de las actividades relativas al ABDP”.

“Entre 1995 y 2001 la Agencia reportó incorrectamente que el programa cumplía con las leyes y las políticas reguladoras del plan” para evitar una acción judicial.

No obstante, el Gobierno indemnizó a las víctimas con 8 millones de dólares después de que la CIA reconociera que había sido una “anomalía” en el programa antidrogas.

El informe concluye que los funcionarios de la CIA “fallaron en supervisar adecuadamente el programa y reportar las violaciones detectadas, que podrían haber llevado a una revisión del programa y posibles cambios que hubieran prevenido el derribo de 2001”.