Colombia: ordenan detención de embajador en el Perú por “parapolítica”

A Jorge Visbal Martelo se le procesa por presuntos vínculos con grupos paramilitares entre 1998 y 2004

Colombia: ordenan detención de embajador en el Perú por “parapolítica”

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó hoy la detención del embajador colombiano en Perú, Jorge Visbal Martelo, en el marco de un proceso por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.

La Fiscalía General informó en un comunicado que contra el diplomático fue expedida una “medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural”, lo que significa que debe ser arrestado y recluido en una cárcel.

Según el ente investigador y acusador de la Justicia colombiana, Visbal Martelo incurrió en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos entre 1998 y 2004, cuando fungió de presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.

REUNIONES PRO REELECCIÓN DE URIBE
Hace casi un año, la Fiscalía señaló que quería escuchar una declaración de Visbal Martelo por denuncias que lo comprometen con el caso de la “parapolítica”, como se denomina en Colombia el proceso judicial por los nexos entre paramilitares y políticos.

Visbal Martelo fue acusado por un ex paramilitar identificado con el alias de “Daniel Centella”, quien aseguró que el entonces dirigente ganadero sostuvo reuniones con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, que está preso en Estados Unidos y fue uno de los principales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Centella” afirmó que en uno de los supuestos encuentros, en 2004, los paramilitares trataron con algunos políticos, entre ellos el ex ministro del Interior Sabas Pretelt, el tema de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

CONGRESISTAS INVESTIGADOS
El proceso de la “parapolítica” comenzó en 2006, cuando la Fiscalía decomisó una computadora de “Jorge 40” en la que se hallaron documentos que evidenciaban este tipo de alianzas entre políticos y las AUC, cuyo sector mayoritario se desmovilizó entre 2003 y 2006.

Por este caso la Corte Suprema ha abierto investigaciones contra casi un centenar de congresistas de las legislaturas 2002-2006 y 2006-2010, en su mayoría miembros de los partidos de la coalición de gobierno que respaldó a Uribe.