La Corte Suprema EE.UU. avaló Ley Arizona contra indocumentados

Con cinco votos a favor y tres en contra, la justicia estadounidense sancionará a las empresas que contraten ilegales

La Corte Suprema EE.UU. avaló Ley Arizona contra indocumentados

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló hoy una ley de Arizona que sanciona a empresas que contraten a inmigrantes indocumentados, lo que está considerado un revés para los esfuerzos de activistas y hasta el gobierno federal por combatir normativas antiinmigrantes individuales de estados como la SB1070.

La decisión por cinco votos a favor frente a tres en contra entre ellos los de la jueza suprema de origen hispano Sonia Sotomayor el más alto tribunal estadounidense dio la razón a Arizona frente la Cámara de Comercio y organizaciones de derechos civiles respecto al Acta de Trabajadores Legales de Arizona.

Esta normativa, aprobada en 2007 y que popularmente se conoce como “pena de muerte de los negocios”, permite al estado de Arizona suspender la licencia de negocios que violen “intencional o conscientemente” los requisitos para verificación del estatus laboral de sus trabajadores como el sistema electrónico E-Verify, una base de datos federal que hasta ahora es de uso voluntario si bien congresistas republicanos quieren impulsar su obligatoriedad.

Los opositores a la ley habían argumentado que ésta era inconstitucional dado que chocaba con las leyes federales sobre inmigración, que son preeminentes.

Sin embargo, en la decisión del Tribunal Supremo, el juez John Roberts rechazó ese razonamiento, al considerar que “Arizona ha tomado el camino que seguramente es menos proclive a causar tensión con la ley federal” al basarse en las “definiciones” federales sobre quién es un inmigrante “no autorizado” y usa el “propio sistema” del gobierno federal para comprobar el estatus de los trabajadores.

Más allá de la decisión concreta sobre esta ley, observadores destacaron hoy la relevancia de la decisión judicial al máximo nivel porque el argumento de preeminencia de la ley federal usado por los demandantes en este caso es el mismo que el gobierno de Barack Obama está utilizando para combatir en los tribunales la controvertida ley antiinmigratoria también de Arizona SB1070, que podría acabar llegando a la Corte Suprema.