Fiscales italianos acusan a funcionarios por naufragio del Costa Concordia

Acusados deberían enfrentar cargos que van desde homicidio culposo hasta fallas en la cooperación con las autoridades marinas

Fiscales italianos acusan a funcionarios por naufragio del Costa Concordia

En la audiencia preliminar del caso del naufragio del crucero Costa Concordia, un grupo de fiscales italianos argumentó que el ex capitán Francesco Schettino debería ir a juicio por cargos que incluyen homicidio culposo, provocación de un naufragio y abandono del barco durante el accidente que causó la muerte de 32 pasajeros en Italia.

En enero del 2012, el lujoso crucero trasladaba a más de 4.000 pasajeros y tripulantes cuando se acercó a la costa y golpeó contra una roca que provocó una fisura en el casco de la nave y la hizo inclinarse hacia uno de sus lados, quedando sumergida por la mitad. La embarcación aún yace en el lugar, esperando ser retirada del mar.

El abogado del ex capitán, Francesco Pepe, dijo que Schettino no provocó el choque ni abandonó el barco. “Esto fue un accidente en el trabajo. Uno no puede criminalizar a un hombre porque tuvo un accidente mientras estaba trabajando”, señaló. Si es culpado, Schettino podría pasar 20 años en prisión.

ACUSACIONES
La corte en Grosseto, en la Toscana, cerca de donde se produjo el accidente, también evaluará si los funcionarios de puente de mando Ciro Ambrosio y Silvia Coronica, el timonel Jacob Rusli, el encargado de servicios de cabina Manrico Giampedroni y el coordinador de situación de crisis Roberto Ferrarini, enfrentarán cargos que van desde homicidio culposo hasta fallas en la cooperación con las autoridades marinas.

El abogado de la empresa Costa Cruceros, Marco De Luca, argumentó que la firma debería poder reclamar por las pérdidas económicas para la línea de cruceros, una posición opuesta a la de los defensores de las víctimas del accidente. Costa Cruceros, la unidad de Carnival Corppropietaria y operadora del Concordia, aceptó una multa de 1 millón de euros la semana pasada, que exime a la firma de un juicio penal, aunque no de las acusaciones de privados.

Las audiencias están programadas hasta el 24 de abril, lo que significa que pasará al menos una semana antes de que el juez Pietro Molino se expida.