Venezuela inició los trámites para no ser parte de la Corte IDH

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó la decisión que tomó el gobierno del presidente Hugo Chávez

Venezuela inició los trámites para no ser parte de la Corte IDH

Venezuela denunció el lunes ante la OEA la Convención Americana sobre Derechos Humanos con lo que inició formalmente los trámites para retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), anunció el organismo en un comunicado.

El gobierno venezolano notificó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Insulza lamentó la decisión que tomó el gobierno del presidente Hugo Chávez, y dijo en un comunicado que la referida convención es “uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los derechos humanos en el continente”.

¿LA RAZÓN?
Hace unos días, el presidente venezolano Hugo Chávez, criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por demandar una investigación de una supuesta matanza de indios de la etnia yanomami. Por su parte, el canciller Nicolás Maduro, acusó al organismo de incumplir la Convención Americana de Derechos Humanos.

Chávez rechazó durante un acto de campaña la petición que hizo la “inefable CIDH” el pasado miércoles de una “investigación exhaustiva” sobre una supuesta masacre de 80 indígenas yanomamis en una remota región del Alto Orinoco, y dijo que “sin tener ninguna prueba ya está exigiéndole al gobierno que investigue la masacre”.

El pasado 27 de agosto la organización no gubernamental Horonami denunció una supuesta matanza de 80 yanomamis ocurrida el 5 de julio tras un presunto ataque desde un helicóptero brasileño, algo que el Gobierno venezolano ha negado alegando que hasta el momento no se han recabado pruebas ni testimonios en ese sentido.

La CIDH urgió a las autoridades venezolanas a realizar una “investigación exhaustiva” sobre la denuncia de la masacre y recordó que los Estados están obligados “a esclarecer judicialmente los graves actos de violencia denunciados, sancionar a los responsables y reparar las consecuencias”.