Editorial: Casonas que se caen

Miraflores ha planteado un sistema para conservar su patrimonio cultural que podría ser revolucionario.

Editorial: Casonas que se caen

Si el centro de Lima está lleno de casonas que son patrimonio cultural pero que al mismo tiempo están abandonadas, tugurizadas y cayéndose, no es sólo, ni tampoco principalmente, por una ausencia de consciencia cultural en la ciudad. Si el beneficio de mantener esas casas en buen estado superase a sus costos, aquellos dueños que contasen con suficiente capital para mantenerlas no requerirían tener mucha consciencia cultural para invertir en ellos.  Y los dueños que no tuviesen este capital no tendrían problemas en encontrar compradores dispuestos a pagar buenas sumas por ellas. Para decirlo parafraseando a ese gran cultor de nuestro patrimonio que fue el arquitecto Héctor Velarde, el principal enemigo de estas casonas no son los terremotos, el desgaste del tiempo, la contaminación o, incluso, la incultura: son las autoridades. Más concretamente, la forma cómo están diseñadas nuestras normas de patrimonio cultural.

En efecto, en un afán de salvarlo todo, nuestras normas permiten alterar casi nada, y, consiguientemente, limitan enormemente – en muchos casos totalmente- los usos que se pueden dar a un bien (incluso como vivienda) y, por lo tanto, los provechos que se pueden sacar de él.  Contrariamente, por cierto, a la opción tomada por las normativas que han permitido que en las grandes ciudades europeas las casas y locales centenarios puedan seguir siendo usados para vivienda y negocios.

Naturalmente, siempre se puede pensar que el Estado es el encargado de salvar estos inmuebles. Pero eso no parece una buena apuesta. Hay que ver cómo le va al patrimonio arqueológico que sí está – casi sin excepciones- exclusivamente en sus manos. Conforme, por ejemplo, al mismo ministerio de cultura, el 60% de las huacas que existen en la capital está en riesgo de ser invadido o estropeado.

Así las cosas, es especialmente resaltante – y potencialmente revolucionario para nuestro patrimonio cultural- el sistema que el distrito de Miraflores ha implementado para proteger los inmuebles – y aún los barrios- que considera aportan al carácter, la historia y la belleza del distrito. La cosa, a grandes rasgos, funciona así: el distrito ofrece entregar a los propietarios de los inmuebles que él selecciona (los mismos que no tienen que tener necesariamente la condición de patrimonio cultural de la nación) un certificado. Este certificado representa el número de metros que se podrían construir en sus lotes si se destruyesen los inmuebles. Entonces, los dueños de las casas pueden vender estos certificados a inmobiliarias que ya estén construyendo o vayan a construir – legalmente- en otros lugares del distritito, para que estas puedan agregar un número de pisos que de otra forma no podrían construir. Este número de pisos a agregar está limitado según la zonificación donde se está construyendo, pero ello no impide que el poseedor del certificado pueda vender todos los metros que este le da: la venta de los metros de un mismo certificado puede ser hecha a más de un comprador. De esta forma, el dueño del inmueble recibe  el valor de todos esos metros que se hubieran podido construir en su lote y al mismo tiempo se queda con su inmueble. A cambio del certificado se inscribe una carga sobre el inmueble en registros públicos que impide su destrucción. 

El sistema fue creado en Nueva York y funciona muy bien en varios otros lugares de Latinoamérica, como Ciudad de México. En Miraflores se han entregado ya once certificados. Este Diario pudo conversar con uno de los beneficiarios de la misma que había vendido exitosamente todos los metros que le correspondían.  Es aún un sistema que está en germen, pero todo indica que funcionará bien. En cualquier caso, decimos que tiene un potencial revolucionario porque está basado en un concepto totalmente nuevo en lo que toca a la conservación de la parte de nuestro patrimonio cultural inmobiliario que está en manos privadas. Es decir, no es un sistema que asuma que estos propietarios tienen que ser héroes del civismo dispuestos a sacrificar sus capitales personales por la ciudad. Es un sistema que busca más bien lo contrario: que a los propietarios del patrimonio monumental les convenga, personalmente, mantenerlo. Y esa es la idea que, repetida a nivel del Ministerio de Cultura, podría cambiar de raíz todo nuestro sistema de conservación del patrimonio cultural inmobiliario en manos de privados.

Para decirlo resumidamente, hoy una declaración de patrimonio cultural es algo que los propietarios de inmuebles, en lugar de desear, temen. Y es sólo el día que esta declaración se vuelva una buena noticia  que podremos esperar que nuestro antiguo e invaluable patrimonio cultural inmobiliario tenga un buen futuro.