Editorial: Con la venda muy apretada

La sentencia de los 'petroaudios' crea riesgo para otros procesos anticorrupción.

Editorial: Con la venda muy apretada

Uno de los escándalos más grandes de corrupción del segundo gobierno aprista terminó esta semana con una sentencia exculpatoria. La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia a cargo del caso de los ‘petroaudios’ absolvió a Rómulo León, Daniel Saba, César Gutiérrez y demás acusados de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho

El proceso que anticipó a la sentencia, sin embargo, invita a la reflexión, pues parece un caso diseñado para explicar cómo la percepción y administración de justicia pueden –y suelen en nuestro país– encontrarse en las antípodas. Y hay un grave problema cuando el sistema de justicia en un país no parece ser justo.

Los incidentes que molestan la percepción ciudadana en este caso no escasean: partes del expediente extraviadas, demoras en un proceso que tomó más de siete años, cambio de la sala penal encargada del caso y la exculpación de Alberto Quimper –ex ejecutivo de Perú-Petro que habría recibido dinero para favorecer la adjudicación de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum– por prescripción de la pena al no sentenciarse a tiempo.

Por si esto no fuera suficiente, además, en setiembre del año pasado, la sala decidió no admitir gran parte de las pruebas incriminatorias, lo que a la postre terminó por determinar la suerte favorable de los acusados. 

Para los magistrados, los audios incriminatorios del 2008 –y que hicieron público el caso– no eran válidos en el proceso por provenir de una interceptación telefónica ilegal (recordando con ello la sentencia del 2012 que condenaba a los responsables de la interceptación en el caso Business Track en agravio de León y Quimper). Sin quererlo, con esta decisión, los jueces también nos recordaban que León y Quimper merecieron mejor suerte que el resto de ciudadanos y el Estado, pues no solo lograron una sentencia favorable como agraviados, sino que esta fue mucho más rápida que la de los ‘petroaudios’.

Junto con los audios, la sala penal declaró inválidas varias otras pruebas por el solo hecho de estar vinculadas a ellos. Ni las actas de los allanamientos a los inmuebles de León y Arias Schreiber, ni los correos y archivos de la computadora de León –aportados por su secretaria– fueron considerados. 

Para los vocales, estas pruebas estaban contaminadas pues no se hubiera dispuesto su consecución si no fuera por la evidencia que se obtuvo de la escucha de los audios. Bajo ese razonamiento, cualquier investigación posterior a los audios hubiera resultado inútil, dado que si no fuera por el destape de las conversaciones de los ex funcionarios y procesados, las investigaciones y allanamientos nunca se hubieran dado.

La sala no analiza si estas prueban podrían ser el único medio para llegar a la verdad. No pondera los derechos en juego. Únicamente privilegia la intimidad de los acusados sin balancear los intereses de justicia y las necesidades de reprimir la desviación de la función pública.

Por el contrario, en un aparente acto de reproche, casi al final de la lectura de la sentencia, la sala califica las imputaciones de deficientes y las acusa de haber generado “innecesarias complicaciones al proceso, falsas expectativas de punición a la opinión pública y perjuicio al derecho de los justiciables”. Es decir, para el tribunal, más que un proceso, esta fue una comedia de “mucho ruido y pocas nueces”.

El distanciamiento entre percepción y administración de justicia se hace más pronunciado en nuestro país cuando recordamos que los grandes casos de corrupción no se descubren por las autoridades judiciales. En la etapa inicial no suele aparecer un proactivo fiscal, ni un acucioso procurador, sino una prensa suspicaz. Y cuando siete años después del destape de un presunto delito, los jueces optan por ignorar las pruebas más relevantes, se completa el círculo perceptivo de la injusticia: autoridades que no investigan y otras que no sentencian.

La venda en los ojos de la dama de la justicia toma en este caso un nuevo significado que excede a la imparcialidad que buscaba representar en su origen y se convierte en ceguera frente a lo que realmente sucedió y se escoge soslayar.
La misma venda que hoy impide apreciar correos electrónicos, actas, y escuchar audios, mañana también podría servir de excusa para la miopía frente a agendas y videos.